El Consultivo rechaza las primeras demandas de hosteleros por daños por los cierres del COVID

Las primeras reclamaciones de empresarios de hostelería de A Coruña a la Consellería de Sanidade por los perjuicios económicos sufridos a causa de las medidas restrictivas adoptadas durante la pandemia están recibiendo una contestación negativa. El Consello Consultivo de Galicia publicó desde marzo 13 resoluciones con ese resultado que desestiman el abono de indemnizaciones que suman 819.081 euros, de las que la más elevada era de 155.088 y la más reducida de 30.757 euros.

Los reclamantes exigieron una compensación por el cierre total de los establecimientos de su sector y el bloqueo del perímetro de la ciudad establecidos entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 2020 por la ola de contagios que se produjo en las localidades más pobladas de Galicia, en la que se decretaron las mismas medidas. Pese a que los hosteleros consideraron exagerada esta iniciativa, el Consello Consultivo la califica de “razonada y proporcionada” de acuerdo con la situación sanitaria y las facultades que la legislación otorgaba a la administración autonómica.

En cuanto a las indemnizaciones solicitadas por la falta de ingresos durante el cierre de los locales el órgano asesor destaca que únicamente se justificaron sobre la base de la facturación que habían tenido en el mismo periodo del año anterior, sin tener en cuenta que las condiciones causadas por la pandemia habrían afectado a su actividad empresarial, sin detallar si habían percibido algún tipo de ayuda del Estado o la Xunta por las restricciones y la reducción de sus gastos ordinarios que se habría producido durante la inactividad de sus establecimientos.

La existencia de 47 municipios en estado de alerta máxima por el número de contagios llevó al Gobierno gallego a principios de noviembre de 2020 a aplicar en esas localidades el modelo preventivo ensayado previamente en O Carballiño. En la comarca coruñesa, además de la capital provincial quedaron cerrados a la entrada de personas residentes en otros municipios —salvo para estudiar o trabajar— Arteixo, Culleredo, Cambre y Oleiros.

Aunque el comercio siguió funcionando sin problema, a la hostelería solo se le permitió atender pedidos a domicilio, por lo que sus establecimientos quedaron cerrados al público hasta el inicio de la temporada navideña, lo que generó protestas entre empresarios y trabajadores de este sector.

Los propietarios de locales que formularon reclamaciones a la Consellería de Sanidade argumentaron que “las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid han producido un resultado similar en la salud pública” sin que en ese caso se decretara el cierre de la hostelería. Para el Consultivo, esa afirmación es “genérica y carente de todo sustento probatorio” , por lo que entiende que “no puede desvirtuar los razonamientos técnicos” que aportó este organismo para justificar la idoneidad de la medida adoptada por la Xunta.

Entre ellas figura que se tomó durante la vigencia del segundo estado de alarma decretado por el Gobierno central —del 25 de octubre de 2020 al 9 de mayo de 2021— y como consecuencias de las competencias en materia sanitaria que tiene la administración autonómica. También se menciona que la Lei de Saúde de Galicia en vigor entonces facultaba a la Xunta para “adoptar las medidas preventivas que se consideren pertinentes en caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud”.

El Consultivo pone de relieve además que los hosteleros reclamantes no impugnaron esa orden de cierre en el plazo legal establecido, por lo que la norma adquirió plena eficacia jurídica. Otro factor destacado por el organismo es que las restricciones se limitaron a los municipios con una “situación epidemiológica y sanitaria más desfavorable”, a lo que añade un informes elaborado por la administración sanitaria gallega en enero de 2022 en el que para afrontar esta situación se considera “apropiado establecer medidas de prevención adicionales y específicas en los establecimientos de hostelería, del mismo modo que se realizó en otros países”.

El hecho de que se trate de espacios cerrados, con contactos estrechos y prolongados entre las personas, con escasa renovación de aire y con la necesidad de quitarse la mascarilla para comer y beber avalaban para la Xunta la necesidad de cerrar al público los locales de hostelería. El Consultivo estima que “no se trata de demonizar” a este sector, sino de tener en cuenta los riesgos adicionales existentes en estos establecimientos.

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