El Superior tumba la pretensión del Puerto de A Coruña de hacer caja con la venta de La Solana

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado un recurso de la Autoridad Portuaria de A Coruña interpuesto contra la aprobación definitiva por unanimidad del Pleno, en enero de 2020, de la modificación del plan general que permitió recuperar para el dominio público las instalaciones deportivas de La Solana, que hasta 2027 gestionará la empresa Metropolitan. 

El consejo de administración del Puerto había aprobado a finales de 2016, con el único voto en contra del Concello (entonces representado por el edil de Rexenaración Urbana del Gobierno local de Marea Atlántica) la subasta de La Solana y del hotel Finisterre para privatizar las instalaciones, recuperando así su plan inicial para deshacerse de sus propiedades y pagar parte de la deuda adquirida por la construcción del puerto exterior de A Coruña. Aquella decisión motivó que al mes siguiente el Pleno municipal aprobase por unanimidad tres mociones que presentaron Marea, PSOE y BNG que compartían la exigencia a la Autoridad Portuaria de paralización la subasta de La Solana y el Finisterre. 

El Puerto, consultado por este periódico, asegura que "en la actualidad" no tiene "ninguna intención" de vender La Solana, aunque añade que sus servicios jurídicos "analizarán" si procede presentar un recurso de casación. El fallo del TSXG impone costas a la Autoridad Portuaria, que solo podría recurrirlo ante el Tribunal Supremo.

La modificación puntual para que el suelo pasase de ser propiedad del Puerto a espacio libre y equipamiento de titularidad pública fue aprobada inicialmente por el Pleno en marzo de 2018, de forma provisional en enero de 2019 y de manera definitiva en enero de 2020. El Concello eligió entonces la fórmula de la expropiación forzosa para adquirir el complejo deportivo, lo que supondría el fin de la actividad de la empresa que lo gestiona.

El Gobierno local del PP (2011-2015) había cambiado previamente el plan general para que La Solana tuviera la condición de bien patrimonial del Puerto y quedara excluido del sistema general de espacios públicos.

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La sentencia del Superior considera que la decisión municipal no es arbitraria, como alegaba el Puerto, al perseguir el "interés público" frente a una posible enajenación mediante subasta, añade que tiene motivación suficiente y coherencia con el interés general y destaca la singularidad del "entorno de protección" en que se ubica, dentro del ámbito Murallas de O Parrote del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri).