Los pisos turísticos alcanzan en noviembre la mayor subida desde el anuncio de su regulación

El pasado 31 de octubre el Concello reunió a la mesa en la que participan los sectores implicados en la regulación de las viviendas de uso turístico para comunicarles que para ello aplicaría la normativa del plan general. En aquel momento había en la ciudad 1.070 pisos de este tipo, pero solo treinta días más tarde ese número ha crecido en 68 más y experimenta la mayor subida desde que el pasado febrero el Gobierno local anunció que establecería un control de esta modalidad de alquiler. Desde aquel mes hasta el primer día de diciembre, el volumen de las viviendas de uso turístico ha aumentado en un 56,3% al pasar de las 728 que había al comienzo de febrero a las 1.138 actuales.

El número total de pisos que se han incorporado al mercado es mayor y alcanza los 77, aunque hay que descontar otros nueve que se dieron de baja en el registro autonómico. Otro dato relevante es que la mayoría de las nuevas viviendas de uso turístico dadas de alta en noviembre no cumplen los requisitos que a partir de ahora exigirá el Concello para que puedan desarrollar su actividad.

De las 77 incorporaciones, solo 11 se encuentran en primeras plantas o bajos de edificios y en barrios fuera del casco histórico. Otras 64 están situadas en pisos más elevados de toda la ciudad o dentro de la Ciudad Vieja, Pescadería o As Atochas y sin ocupar un edificio completo destinado a esta actividad, como señala la normativa urbanística coruñesa. Dos de las viviendas recién abiertas no mencionan en el registro la planta en la que están situadas, por lo que no es posible determinar si se ajustan a la regulación.

Las nuevas viviendas turísticas se reparten por diferentes zonas del municipio —A Zapateira, Os Mallos, O Ventorrillo, Sagrada Familia, O Castrillón, polígono de Elviña, Monelos, Os Castros, Cuatro Caminos, Riazor, Barrio de las Flores, Monte Alto, Labañou, Agra do Orzán, Ensanche, A Falperra y Ponte da Pedra—, pero destaca que 19 de ellas se localizan en los barrios calificados como casco histórico, en los que la normativa, que aún no se aplica, es todavía más estricta y exige que se encuentren en un inmueble dedicado en exclusiva a estos alojamientos.

A comienzos de noviembre, el 62% de las viviendas turísticas dadas de alta en los barrios hasta ese momento incumplían la normativa, por lo que sobre el papel deberían interrumpir su actividad. De las 728 existentes fuera del casco histórico, 449 se hallaban en pisos por encima del primero, 162 estaban en primeras plantas o bajos y 90 formaban parte de un inmueble completo de estas viviendas. Otras 27 no aportaban datos sobre sus características. En total, estos pisos turísticos en situación de fuera de la normativa suponían el 45% de las plazas disponibles en la ciudad.

Cuando a finales de octubre el Gobierno local anunció que aplicaría esta regulación, manifestó en un principio que solo afectaría a las viviendas que se inscribiesen en el registro a partir de que entre en vigor y que había comunicado a la Xunta que la aplicase a la hora de inscribir a los nuevos solicitantes. Con el cambio de regulación, además de pedir la incorporación al registro autonómico, habrá que remitir una comunicación al Concello, pagar una tasa y darse de alta en el Impuesto de Actividades Económicas si el propietario tiene una cifra de negocio superior a un millón de euros.

Aunque el Ejecutivo municipal anunció que el posible cierre de las viviendas que incumplan la regulación se abordará en una nueva reunión de la mesa del sector que se celebrará este mes, los asistentes a la de octubre consideran que de lo dicho por los representantes del Concello se deduce que la clausura de esos pisos se llevará a cabo. E interpretan que se hará tanto porque la administración municipal se decida a hacerlo o porque se presenten denuncias por parte de personas que se consideran perjudicadas.

La proliferación de viviendas de este tipo en A Coruña animó a algunas comunidades de propietarios a aprobar normas en sus estatutos que impedían la apertura de nuevos pisos en sus edificios cuando ya existían o a prohibir hacerlo si aún no los había. Las molestias causadas por las personas que hacen uso de estos alojamientos son el argumento utilizado por esos propietarios para rechazar esta actividad.

Frente a la pretensión del Concello de que sea el Gobierno autonómico el que deniegue la inscripción de las viviendas que infrinjan la normativa del plan general, Turismo de Galicia —organismo encargado del registro autonómico— explicó a este periódico que es la administración municipal la de que debe hacer “un pronunciamiento expreso y oficial” sobre la existencia de un incumplimiento y detallar “cual es la normativa que incumple cada caso”. Una vez recibida esa información, se abriría un expediente en el que se daría “audiencia a las partes interesadas”.

Este departamento de la Xunta aclaró además que mientras el Concello no proporcione esos datos, mantiene “el procedimiento habitual” para dar de alta nuevas viviendas, para lo que únicamente exige que se realicen correctamente los trámites, en los que no se hace referencia a la normativa del plan general coruñés

La Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) está convencida de que el Concello pretende que sean los propios vecinos de los inmuebles en los que existen estos pisos los que denuncien a quienes no se ajusten a los requisitos, aunque ya anunció que recurrirá en los tribunales las órdenes de cese de actividad que se dicten por parte del Concello.

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