Los demandantes de vivienda protegida en A Coruña suben un tercio y vuelven al nivel de antes del COVID

La demanda de vivienda protegida ha vuelto a repuntar en A Coruña, hasta recuperar el pico que se registró justo antes del COVID. De acuerdo con las estadísticas de la Xunta, actualmente hay 2.434 peticiones de acceder a una vivienda de protección en la ciudad, esto es, un tercio más que las 1.823 de enero del año pasado. Se ha vuelto así, a los niveles de antes del coronavirus: en febrero de 2020, poco antes del estallido de la pandemia, se llegaron a registrar 2.542 demandantes tras varios años de subidas, que se revirtieron en los años siguientes.

Algo más de las tres cuartas partes de los demandantes, un total de 1.887, piden acceder a vivienda de protección oficial de promoción pública, esto es, la construida por las administraciones, en terrenos comunes. Como en años pasados, la mayoría, 1.154, piden un piso de alquiler, y otros 536 arrendamiento con opción a compra. Tan solo poco más de uno de cada diez, en concreto 197 demandantes, solicitan comprar un inmueble de salida. A esto se suman otras 108 personas que piden vivienda de protección pública en núcleos rurales o el casco histórico del municipio: en este caso, la mayoría piden comprar, 69, con 30 demandantes de alquiler y nueve de arrendamiento con opción de adquisición.

La primacía del alquiler se da en toda Galicia y tiene que ver, posiblemente, con el tipo de promociones que se están realizando. El Gobierno gallego anunció en noviembre que dejaría de vender viviendas públicas y que retendría las 3.800 que posee (quiere aumentar el parque en 1.800 hasta el año 2026) para dedicarlas al arrendamiento. En el caso concreto de A Coruña, las administraciones apenas han construido desde la crisis inmobiliaria, y los pocos proyectos son para alquiler. Entre 2012 y 2022 en la ciudad no se dio calificación a nuevas viviendas de promoción pública, y la racha solo se rompió el año pasado con un edificio de 40 viviendas en Xuxán que se completó en 2023. Los pisos se entregaron en arrendamiento social el pasado mes de noviembre. La Xunta tiene en marcha procesos para construir otras 98 viviendas públicas en dos edificios en el barrio, aunque todavía no cuentan con una fecha para completarse.

La falta de vivienda protegida en A Coruña sigue reduciendo los demandantes: caen un 28% en tres años

En el caso del Ayuntamiento, está obligado, por un acuerdo de 2019 que lo eximió de pagar indemnizaciones millonarias y derribar parcialmente la antigua sede de Fenosa en Fernando Macías, a construir un edificio con 50 viviendas sociales en sus terrenos de Xuxán. Tras sucesivas demoras, y una pausa para solicitar una línea de ayudas de la Xunta (finalmente recibió 2,5 millones), el Concello cuenta con sacar a concurso la construcción este año, según figura en los presupuestos y en el pacto con el grupo municipal del BNG para aprobarlos.

Estos pisos se dedicarán al alquiler social, así como otras cinco viviendas de un edificio entre las calles Marqués de Pontejos y San Nicolás que el Concello está rehabilitando. La obra debería haber acabado el año pasado, pero se alargó.

Los proyectos antes descritos suponen 153 viviendas de promoción pública, mientras que la demanda actual es de 1.995, es decir, cubren menos del 8%. Además, estas promociones, si finalmente se cumplen por completo, tardarán años en entregarse a las familias afortunadas, un periodo durante el que puede aumentar la demanda, incluso aunque esto no se vea reflejado en las estadísticas. De acuerdo con varias fuentes inmobiliarias y de entidades sociales consultadas por este diario el año pasado para explicar la caída de demandantes tras el COVID, el número de peticiones en el registro del Gobierno gallego bajó debido a que muchas personas dejaron de hacer la solicitud ante la falta de oferta de pisos en el municipio.

La Xunta encarece un 8% los pisos de protección, que cuestan 1.916 euros por metro en A Coruña

En total, Xunta y Concello cuentan con terrenos en Xuxán sin desarrollar que permitirían construir 750 pisos protegidos, de los que 250 son municipales (contando los 50 que está obligado a construir) y medio millar del Gobierno gallego. Suponiendo que todas estas fincas se aprovechasen para ello, podría cubrirse algo más de un tercio de la demanda de vivienda de promoción pública.

Una forma de ampliar el parque de vivienda propiedad de las administraciones en la ciudad sería contar con la colaboración del Estado, pero el Gobierno central no tiene en marcha promociones en la ciudad. El 9 de mayo, en campaña electoral, el Gobierno local anunció que el Estado construiría 88 viviendas sociales en terrenos del Ministerio de Defensa en A Maestranza y en la calle Adelaida Muro, a través de la Entidad Pública Empresarial del Suelo (Sepes), pero este proyecto nunca se llegó a concretar. El mes pasado Defensa señaló a este diario que la transferencia a Transportes “no tiene calendario previsto”. Tampoco hay fecha para la cesión de pisos de la Sareb al Concello para alquiler social, tras negociaciones de casi tres años.

Aumento del régimen privado

La Xunta también registra las peticiones para adquirir o alquilar viviendas protegidas de promoción privada, en régimen especial, general y concertado (las diferencias entre estos se deben al nivel de renta de los demandantes que pueden pedirlas). Este año subieron, con 439 peticiones frente a las 214 de enero de 2023. Aquí la mayoría de los demandantes, 305, piden comprar, frente a 81 que quieren alquilar y otros 53 que solicitan arrendamiento con opción a compra.

El año pasado el Gobierno gallego aprobó subir los precios de la vivienda protegida, que, en el caso de A Coruña, llegará hasta un máximo de 1.916 euros por metro cuadrado. El municipio, al igual que Santiago, Vigo, Ourense y Pontevedra, forma la denominada Área Territorial de Precio Máximo Superior, en la que se permite a los promotores ventas por las cifras más elevadas de Galicia. En el caso del régimen especial, el que está destinado a personas con menores recursos, el precio del suelo subió de 1.500 a 1.620 euros, mientras que en el régimen general el incremento fue de 127 euros, hasta alcanzar los 1.712. El régimen concertado es el que permite acceder a los peticionarios con rentas más altas, y pasó de 1.774 a 1.916 euros el metro.

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