Teresa Suárez nnficha personal | Nueva presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia

“La figura del administrador de fincas va más allá de llevar comunidades y cuentas”

“Uno de nuestros objetivos es de tipo social porque sabemos cuándo se producen situaciones de violencia de género o problemas con las viviendas de uso turístico”

Teresa Suárez.   | // LOC

Teresa Suárez. | // LOC / Ana Carro

Teresa Suárez Agrasar es la nueva presidenta del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (Coafga), cargo en el que sustituye a Martín Bermúdez de la Puente que, tras casi 20 años como máximo responsable de la corporación, lo ha dejado por motivos personales. Suárez analiza los cambios en la profesión y los retos futuros, además de reivindicar la importancia de ser colegiado.

¿Cómo afronta esta nueva etapa al frente del Coafga?

Ha llegado casi sin esperarlo, pero somos un equipo que llevamos trabajando juntos en un montón de cosas y vamos a continuar con los mismos proyectos, así que es un cambio a medias.

Lleva más de 30 años en el Colegio, ¿qué cambios ha habido y qué retos se presentan de cara al futuro?

Cambios ha habido muchos. Primero, porque cambia la sociedad y nosotros estamos en contacto directo con ella. Cambia la normativa que rige las comunidades de propietarios, lo que nos obliga a estar más activos y al día. Tanto desde las normativas legales como de gestión de las comunidades, cómo influye la gestión con los bancos y la administración pública. Ha cambiado todo muchísimo. Sobre todo en los últimos cinco años hemos visto que es exponencial.

¿Cuál es el papel de los administradores de fincas?

Pues antes una comunidad de propietarios podía gestionarla un vecino con su mejor voluntad. En este momento la profesionalización de la gestión es obligatoria. Una comunidad está obligada a tener un libro de actas, tener comunicación telemática con las administraciones públicas, tener una responsabilidad fiscal y también una responsabilidad del residente por la que nosotros también tenemos que velar. Todo ello nos obliga a que nuestros colegiados tengan una formación actualización e información permanente de todo. Se está cambiando constantemente. Ahora se habla muchísimo de las subvenciones de los fondos Next Generation, pero su gestión no se puede hacer sin más. Requiere unos requisitos previos, de documentación de la comunidad y requisitos con respecto a la forma que se toman los acuerdos. Ya no es suficiente que organices una reunión en el portal de tu edificio para hablar con los vecinos y que no quede rastro de esa convocatoria. Para que sea efectivo, se necesita una trazabilidad en todo.

¿Cómo asume la sociedad el papel de sus colegiados? ¿Hay que seguir reivindicando su labor?

Sí. Tenemos que seguir reivindicando eso y también que el administrador de fincas sea colegiado. Desde que se implementó la Ley ómnibus no es obligatorio, pero desde el Coafga reivindicamos que si. Somos una entidad de derecho público y gestionamos muchísimo dinero de las comunidades. Creemos que eso debería obligar a que haya requisitos de seguridad para la comunidad. Nosotros controlamos a nuestros colegiados, tenemos un régimen disciplinario muy importante e incluimos un seguro de responsabilidad civil superior a 700.000 euros. Lo que queremos es que haya un control.

¿El camino sigue siendo administrar a las comunidades de forma justa y eficiente?

Sí, es el camino que seguimos, además de defender a nuestros colegiados. Uno de nuestros objetivos es tipo social. Al administrar el 80% de la población, que es el porcentaje que vive en comunidad, hay cosas de las que somos testigos directos. Sabemos cuándo se producen situaciones de violencia de género o problemas con las viviendas de uso turístico. Sabemos el nivel de morosidad de las comunidades de propietarios. Es decir, somos un agente social muy importante y la Administración debería tenernos en cuenta.

¿A qué se refiere?

Antes de tomar medidas, como es la Ley de vivienda, estaría bien que la Administración tuviese en cuenta nuestra opinión. En el caso de las viviendas de uso turístico, nos encontramos bajo el paraguas de esa nueva ley, que ha sido creada sin tener en cuenta la realidad social que tenemos en las comunidades. Nosotros también administramos propiedades particulares. Defendemos que hay que tener información más exhaustiva antes de lanzarse a crear normas que no se ajustan a la realidad.

Con respecto a la violencia de género, firmamos en su idea un acuerdo con la Xunta para canalizar esa ayuda e informar de cosas que ocurren. Cuando hay una muerte y sale un vecino a decir “siempre saludaba, no nos lo esperábamos”, es mentira. Todo el mundo sabe lo que tiene cerca. Otra cosa es que nos queramos implicar. Nosotros recibimos esa información y podemos hacer de hilo conductor en muchos casos. También conocemos casos de soledad no deseada de nuestros mayores y podemos saber cuándo a alguien no se le ve desde hace tiempo. De hecho, en la pandemia ayudamos mucho a gente que no podía salir de su casa y les dejábamos comida en su puerta o bienes de primera necesidad.

¿Es también una forma de dejar claro que su trabajo va más allá de las cuentas?

Por supuesto. La imagen que hay de nosotros es que somos los que llevamos las comunidades y las cuentas. Nuestra figura va mas allá de todo eso por la información que tenemos y el contacto directo que ejercemos.

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