La Xunta delega en comunidades de vecinos y concellos limitar los pisos turísticos

El Clúster de Turismo pide ponerles coto, pero la Xunta carga la responsabilidad en el Estado | El Ayuntamiento de A Coruña le exigió que dejase de inscribir negocios que incumplen el plan general

Edificio con pisos turísticos en la calle Argudín Bolívar, en la zona del Orzán. |   // VÍCTOR

Edificio con pisos turísticos en la calle Argudín Bolívar, en la zona del Orzán. | // VÍCTOR / Paula Pérez / B. T. / E. C.

Paula Pérez / B. T.

Las viviendas de uso turístico se han disparado en la comunidad gallega un 56% en un año, y el Clúster de Turismo de Galicia, que agrupa a empresarios del sector, ha dado la voz de alerta: “son un verdadero problema”. Y ha reclamado una “limitación mayor” de estas viviendas vacacionales. Sin embargo, la Xunta delega esta responsabilidad en concellos y comunidades de vecinos.

Según explica el Gobierno gallego a través de la Axencia Galega de Turismo, la normativa autonómica aprobada en 2017 sobre este tipo de alojamientos permite a los concellos “regular y limitar sus usos”. Asimismo, las comunidades de vecinos pueden restringir los pisos turísticos siempre que así lo aprueben tres quintas partes de sus integrantes. Al tiempo, reclama al Gobierno de España que avance en un marco normativo común que evite “desigualdades legislativas” entre territorios, “favorezca la convivencia y defina esta actividad”.

En el caso de A Coruña, el Gobierno local pactó con Marea Atlántica a finales de 2021 desarrollar una regulación municipal sobre pisos turísticos, pero nunca llegó a aprobar una ordenanza, y ni siquiera ha hecho público un borrador. Sí constituyó una mesa de debate con la patronal de pisos turísticos y otros colectivos para prepararla, pero esta lleva sin reunirse desde el 31 de octubre.

Precisamente ese día, el Concello señaló que consideraría a los pisos turísticos como negocios, siguiendo jurisprudencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Esto los prohíbe, con carácter general, de inmuebles que no sean bajos y primeros pisos, siguiendo el Plan General de Ordenación Municipal. Poco después reclamó al Gobierno gallego que dejase de inscribir los que no respetan el plan general, pero han seguido abriendo. La Xunta considera que esta petición no tiene validez legal, y exige al Gobierno local que se oponga a las aperturas una a una, lo que no está haciendo. Los pisos se siguen inscribiendo libremente y ya superan los 1.238, más del doble que cuando el Concello pactó regularlos.

La Xunta defiende su gestión, ya que fue “pionera” en aprobar en 2017 un decreto para regular los pisos turísticos que, pese a ser recurrido, fue “avalado por la justicia en dos ocasiones” y que, según reivindica, está “siendo tomado como ejemplo por parte de otras comunidades”. Aunque el Ejecutivo gallego no se lo plantea por ahora, no cierra la puerta a una futura revisión de esta normativa. “Seguimos trabajando y atentos a la evolución de los pisos de uso turístico para actualizar la normativa donde sea necesario y mantenemos también el contacto con las asociaciones de propietarios para su asesoramiento en la gestión y la formación”, esgrime Turismo. A finales del pasado año la Xunta trasladó que están a la espera de un estudio del Observatorio da Vivenda que analice el impacto de las viviendas de uso turístico, y aclaró que antes de tomar una decisión quiere “clarificar la situación real de este mercado”.

La proliferación de estos alojamientos turísticos ha contribuido a tensionar un mercado de la vivienda muy presionado por la falta de oferta. La Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) alertó que en cuatro años el stock de inmuebles disponibles para alquilar se redujo casi a la mitad. Según la Xunta, los pisos de uso vacacional ofertan 120.078 plazas, mientras que las plazas hoteleras se rebajan a 58.072 camas. El presidente del Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, se mostró crítico con la proliferación de estos alquileres turísticos. Y además, contrariamente a lo que dice la Xunta, recriminó precisamente que existan diferencias entre concellos.

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