Los Franco tienen 15 días para alegar a la anulación de su compra de la Casa Cornide
El Concello inicia el procedimiento para revisar los acuerdos de 1958 y 1962 que permitieron que la mujer del dictador adquiriese el inmueble
La aprobación hoy por la Junta de Gobierno Local del inicio del procedimiento de revisión de los acuerdos que hicieron posible la venta de la Casa Cornide a la familia Franco implica la apertura de un plazo de quince días durante el cual los actuales propietarios del inmueble podrán presentar alegaciones.
La iniciativa municipal, que debe desarrollarse en un plazo máximo de seis meses, pretende anular la permuta de la casa con el Ministerio de Educación por una parcela en la Ciudad Escola y la posterior subasta del inmueble, que fue adjudicado a Pedro Barrié de la Maza, quien solo cuatro días después se lo vendió a Carmen Polo, la mujer de Francisco Franco. El Concello solicitará al Ministerio de Educación que revise también de oficio la operación de la permuta.
La alcaldesa, Inés Rey, anunció que hoy mismo enviará una carta a la Xunta solicitando que la Casa Cornide sea abierta al público para ser visitada, ya que tras ser declarada Bien de Interés Cultural hace un año los propietarios deben permitir el acceso durante al menos cuatro días al mes y un mínimo de cuatro horas en cada jornada.
Rey señaló que las actuaciones desarrolladas en 1958 para la permuta y en 1962 para la subasta “no cumplían los requisitos” de las leyes vigentes en aquel momento, por lo que aseguró que el Concello coruñés “regaló” la Casa Cornide.
También recordó que el Concello se personó en el procedimiento judicial para recuperar la propiedad del Pazo de Meirás pero explicó que el criterio para actuar con la Casa Cornide no puede ser el mismo porque aquel edificio fue cedido al entonces jefe del Estado y este a su mujer, Carmen Polo.
Para la alcaldesa, la casa “tiene que volver a ser de los coruñeses” y destacó que la revisión de los acuerdos de permuta y venta no es la primera actuación municipal para recuperarla, ya que la declaración de Bien de Interés Cultural, que impide su venta por los Franco, fue realizada sobre los informes presentados por el Concello.
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