El PSOE aplaza el pago de facturas pendientes de fiestas tras la falta de apoyos para aprobarlo

La falta de apoyos en el pleno lleva al Gobierno local a dejar sobre la mesa el pago de 2,5 millones de euros de facturas pendientes de las fiestas de 2023 por el Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE). Tramitado en el consejo rector del IMCE y en la Junta de Gobierno Local, el Ejecutivo socialista no incluyó ayer el asunto en el orden del día del pleno de la próxima semana tras constatar que no saldría adelante.

Al anunciado voto en contra del PP se sumó ayer el BNG, que advirtió de que no votaría a favor por no incluir todas las facturas pendientes —faltarían 1,1 millones por consignar— y por las “múltiples irregularidades” del expediente, constatadas en el informe negativo de Intervención. “Esta propuesta era una auténtica chafallada”, justificó el portavoz municipal nacionalista, Francisco Jorquera.

El BNG sostiene que pagar unos gastos ahora y otros más adelante “crearía una situación de agravio, con muchos artistas y empresas, que continuarían sin cobrar”. Los nacionalistas instan al Ejecutivo a, “en el plazo más breve posible”, tramitar una modificación presupuestaria del IMCE que “cumpla todos los requisitos”, incluya todas las facturas y garantice dotación para proyectos inmediatos, como las fiestas de verano. “Si el Gobierno local así lo hace, el BNG está dispuesto a facilitar su aprobación, para evitar daños a terceros”.

El IMCE tramita el pago de 2,5 millones de euros en facturas pendientes de 2023

Esta primera remesa de facturas pendientes de 2023 del IMCE, ente autónomo del Ayuntamiento para cultura y fiestas, incluía parte de sus 413 acreedores, que suman 3,6 millones de euros. Corresponden, según el ente, a gastos de producción de espectáculos y fiestas en los barrios, contratación de artistas, pagos de la SGAE, y servicios de vigilancia, internet y baños químicos.

De los fuegos artificiales de San Juan a la Regata de Grandes Veleros

Las facturas van de mayo a octubre de 2023, e incluyen actividades como los fuegos artificiales de San Juan y la Batalla Naval, conciertos en los festejos de barrios, y acciones en el Carnaval y la Regata de Grandes Veleros. El Gobierno local planteaba hacer frente a este gasto retirando dos millones de euros del presupuesto del IMCE de este año —1,8 millones consignados para fiestas— y con casi medio millón del remanente de tesorería del año pasado.

En su dictamen contrario, preceptivo pero no vinculante, Intervención municipal advierte de que los gastos se comprometieron sin ser sometidos a su control, sin existir crédito suficiente y sin cumplir la normativa de contratación. También indica que falta un informe jurídico, y que “la lógica y la igualdad de trato obligaría a que se tramitaran simultáneamente la totalidad de las facturas”, para saldar la deuda con todos los acreedores.

El IMCE: "No se trata de actos administrativos nulos, sino irregulares"

El IMCE, en la memoria firmada por su vicepresidente, el concejal de Fomento y Promoción de la Ciudad, Gonzalo Castro, argumenta que no puede hacer frente a todas las facturas en este momento porque su “disponibilidad presupuestaria es insuficiente” y avanza que podría abonarlas a lo largo del año en función de sus ingresos o de posibles inyecciones económicas del Ayuntamiento.

El IMCE señala que para estos gastos “no se contrajo crédito previamente por no existir un convenio o contrato redactado al efecto”, pero “se hizo una petición previa de presupuesto y se valoró los precios de mercado”. “No se trata de actos administrativos nulos, sino irregulares, cuyas obligaciones se contrajeron sin crédito suficiente”, expone Castro en la memoria, firmada también por la coordinadora general de su área.

En declaraciones a los periodistas, el edil señaló ayer que “cuando el PP habla de facturas irregulares falta a la verdad”, y acusó a los populares de hacer lo mismo cuando gobernaron la ciudad. El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, censuró la “mala forma de gestionar” del Ejecutivo: “¿Quién ha decidido que se pague a unas empresas y a otras no? El informe del interventor es demoledor. Muchos de estos contratos son verbales. Y lo peor de todo es que hay mucha gente desde hace un año esperando que les paguen el servicio que prestaron”.