La Xunta da un mes a la empresa de la mina de San Finx para ajustar los vertidos

El sector pesquero exige responsabilidades tras años de denuncias sin sanciones

Redacción

La Xunta, a través de Aguas de Galicia, ha requerido a la empresa Tungsten San Finx SL que “ajuste la gestión de las augas residuales” generadas en las instalaciones de la mina, ubicada en el municipio coruñés de Lousame, a las “condiciones establecidas en la autorización de vertido” que se otorgó.

La concesionaria deberá acreditar documentalmente este ajuste en el plazo de un mes. De no ser así, los incumplimientos podrá dar lugar a la revocación de la autorización del vertido. Este requerimiento se da después de que los técnicos de Aguas de Galicia constatasen en una reciente inspección a la zona la falta de ejecución en plazo de las instalaciones de tratamiento para la correcta evacuación de las aguas residuales en la balsa de decantación final. En esta inspección también se detectó el vertido de aguas residuales al riego Rabaceiras en dos puntos no autorizados y con superación de los límites impuestos para los parámetros de cobre, cadmio y zinc. De hecho, las análiticas realizadas, y que fueron desveladas el jueves por la plataforma en contra de la mina, reflejan niveles de hasta 78 veces superiores al límite máximo permitido en cadmio. Estas infracciones están recogidas como “graves” en la ley 9/2010, por lo que el organismo público viene de iniciar el correspondiente expediente sancionador a la concesionaria. Este tipo de infracciones pueden suponer sanciones que van hasta los 300.000 euros.

Las cofradías de pescadores de Noia e Portosín y las restantes organizaciones de la Plataforma comarcal contra los vertidos de la mina de San Finx se mostraron “indignadas” ante el anuncio de Augas de Galicia de iniciar un expediente sancionador contra la consesionaria, puesto que estos colectivos llevan siete años solicitando medidas sancionadoras. “Queremos saber la verdad de por qué Augas de Galicia esperó siete años para iniciar un expediente sancionador y que se depuren responsabilidades administrativas y penales”, reclama el patrón mayor de Noia, Santiago Cruz.