La Audiencia Nacional allana la acusación contra Padín por el naufragio del ‘Pitanxo’

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno encargó un informe pericial propio para arrojar luz sobre las causas del naufragio, el 15 de febrero de 2022, del arrastrero congelador Villa de Pitanxo. Asignó esta tarea a dos miembros de alto rango de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim), autónoma aunque integrada en el Ministerio de Transportes. Fueron Alejandro Iglesias y David Bejarano, jefes del área de Investigación y del Servicio de Investigación, respectivamente. Su trabajo se basó, principalmente, en tres pilares: la información recibida por vía satelital del buque y su derrota, los testimonios de los tres únicos supervivientes (de 24 tripulantes) y las grabaciones del pecio, localizado a 760 metros de profundidad en los Grandes Bancos de Terranova. Sus conclusiones fueron enérgicas: la zozobra fatal se debió a un error humano del capitán, Juan Enrique Padín Costas, por tratar de liberar “a las bravas” el aparejo, embarrado (enganchado o espichado) en el fondo del mar. La defensa del marinero, que también representa a la empresa armadora, Pesquerías Nores, solicitó la nulidad del informe, al que achacan “graves errores técnicos”, “suposiciones” y no estar familiarizados con las maniobras pesqueras. El Alto Tribunal ha tumbado esta pretensión: la pericial no será retirada del procedimiento, es válida y será parte del juicio penal. El auto no admite recurso.

El estudio, de casi 170 páginas, desmantela la versión de Padín, imputado —como Nores— por 21 homicidios por imprudencia grave, entre otros delitos. El patrón aludió a un fallo súbito e inexplicable del motor principal; que fue la pérdida de propulsión lo que dejó al pesquero a merced del temporal y que, a la postre, le hizo sucumbir a una vía de agua masiva y fatal. Para los peritos de la Ciaim fue esa maniobra “a las bravas” para “librar el embarre del aparejo del fondo marino” lo que mató literalmente al motor, que no pudo soportar la presión a una escora a babor superior a los 30 grados. Por eso explotó, justo antes de girar por última vez. Que, en definitiva, el motor dejó de funcionar cuando el Pitanxo ya estaba condenado: esa escora tan pronunciada y la tolva de desperdicios abierta hicieron el resto. Doce cadáveres no fueron recuperados nunca.

El pronunciamiento del magistrado Moreno es un revés evidente para la defensa de Padín y la armadora. Con todo, apuntan desde el despacho Amya Abogados, “las deficiencias en las que, entendemos, incurren los peritos serán planteadas en el proceso penal”. En una nota de prensa divulgada en febrero, tras la filtración de la pericial, atacaron con dureza su contenido. “En las imágenes de la inspección submarina se ve claramente que ni las puertas de arrastre ni el aparejo están enganchados en el fondo, sino tendidos sobre un fondo de sedimentos finos, sin roca ni accidentes que permitan suponer un embarre”, y acusaron a los peritos de “aventurar” conclusiones sirviéndose únicamente del testimonio del superviviente Samuel Kwesi. Censuraron la “criminalización” a la que estaba siendo sometido Padín. Esta misma representación legal ya remitió, para su incorporación a la instrucción, un informe pericial —de Alberto Tablón Vega— con el que rechazó de plano la tesis del embarre del aparejo. Se amparó para ello en los datos AIS y de la caja azul y zanjó que, dado que éstos reflejaron un movimiento superior a los cuatro nudos instantes antes del naufragio, la opción de un enganche del aparejo no era posible.

En todo caso, la pericial avalada por la Audiencia señala múltiples deficiencias, achacables en este caso a la armadora, y que contribuyeron a un desenlace tan dantesco.

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