BNG y PSOE cargan contra la Xunta tras la nueva sentencia del Constitucional
El tribunal declaró improcedente al reforma legal por la que se limitaba a 15 años la opción de actuar contra construcciones ilegales en el litoral
La oposición parlamentaria, BNG y PSOE, aprovechó ayer el mismo escenario —las fiestas de la Ascensión de Santiago—— para arremeter contra la Xunta por la reforma legal con la que pretendía dejar sin sanción las construcciones ilegales en el litoral una vez transcurridos 15 años.
El Gobierno gallego introdujo esta modificación en la ley de acompañamiento de los presupuestos para 2023, pero fue recurrida por el Gobierno central y el Tribunal Constitucional la ha declarado ilegal.
“Llevamos mucho tiempo denunciando el uso espurio que hace la Xunta de la ley de acompañamiento de los presupuestos. Pretende colar por la puerta de atrás auténticas barbaridades”, declaró la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en Santiago. A su juicio, el objetivo era “legalizar instalaciones que son ilegales”. “Esto no se puede tolerar, desde un punto de vista político esta disposición adicional era ilegal, lo que tiene es que proteger nuestro litoral, no a quien infringe la legalidad”, recriminó.
También en las fiestas de la Ascensión, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, tachó de “varapalo a la Xunta” la sentencia del Tribunal Constitucional. “Las construcciones ilegales son ilegales y así deben tratarse”, declaró el líder de los socialistas gallegos.
“En cuestión de obras ilegales, no se pueden establecer periodos para santificarlas”, indicó, criticando la que, a su juicio, fue la política urbanística de la Xunta durante años: “dejar ir haciendo, para después tener plazos de prescripción y evitar demoliciones”.
En las fiestasde Santiago también estuvo el presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, que se encontró a los dos portavoces de la oposición y a los que saludó en distintos momentos.
Y desde Pontevedra, la conselleira de Vivenda, María Martínez, instó de nuevo al Gobierno central a “cubrir las lagunas” de la normativa estatal, en el sentido de precisar “la prescripción de la acción”.
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