La fecha límite para recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial que confirma que el pazo de Meirás es público pero que obliga a indemnizar a los herederos del dictador Francisco Franco como poseedores de buena fe se acerca y poco queda ya del celebrado “modelo Meirás” que la secretaría de Memoria Democrática puso como ejemplo de “consenso entre administraciones”. La unanimidad se resquebraja y da paso a desacuerdos que han derivado en estrategia procesal dispar entre administraciones que hasta ahora habían ido de la mano en los juzgados.

La presión social y política para que Estado recurra el fallo crece, pero el Ejecutivo central no parece dispuesto a dar su brazo a torcer y responde con silencio. El Ministerio de Justicia evita desde hace días pronunciarse sobre la decisión de la Diputación y los ayuntamientos de Sada y A Coruña de alegar ante el Supremo una sentencia que la Abogacía del Estado sí acata y considera “positiva” para sus intereses.

El Ministerio de Justicia anunció la pasada semana que descartaba alegar ante el Supremo por motivos “estrictamente jurídicos” y ahora da la callada por respuesta a la pregunta de si se plantea reconsiderar su postura a la vista de las críticas y de la decisión de tres de las cuatro administraciones codemandantes de desmarcarse y anunciar recurso.

Solo la Xunta respalda la postura del Estado. El Gobierno gallego rechazó ayer alegar ante el Supremo y redujo a “cuestiones técnicas” la indemnización a los herederos del dictador como poseedores de buena fe por los gastos desde 1975.

En un debate en el Parlamento, el PPdeG eludió pronunciarse sobre el fallo de la Audiencia, que confirma que la escritura de 1941 es nula y que el pazo de Meirás es patrimonio público por usucapión extraordinaria (por su uso continuado durante 30 años como residencia oficial), pero que desmonta la tesis del Gobierno al no ver acreditada ni la mala fe del dictador ni las transmisiones forzosas de fincas y al entender, al contrario que la Abogacía del Estado y que el juzgado de primera instancia, que el pazo fue donado a Francisco Franco a título particular, no en calidad de Jefe del Estado. “Lo importante es que el pazo de Meirás es público”, zanjó el director xeral de Políticas Culturais, Anxo Lorenzo, que pidió “respeto” a la independencia judicial. “No voy a valorar una sentencia de una Audiencia Provincial”, defendió el responsable autonómico, que no se pronunció sobre el riesgo que podría suponer no recurrir el fallo según el BNG.

El PSdeG dio ayer u n paso al frente y anunció que presentará una proposición no de ley para instar a todas las administraciones a “agotar todas las posibilidades jurídicas” para evitar pagar a los descendientes del dictador. “Aunque el recurso sea difícil y no sea admitido por el Tribunal Supremo, si hay una mínima posibilidad de intentarlo, hay que intentarlo”, defendió el vicesecretario xeral del PSdeG, Pablo Arangüena, que respalda ahora la posición del PSOE provincial y de los concellos de Sada y A Coruña y del BNG a pesar de que unos días antes se pronunciaba en un sentido similar a la Abogacía del Estado. “El recurso de casación no se admite para cuestiones probatorias, como es la buena o mala fe, sino jurídicas, así que no sería posible en este caso. Otro tipo de recurso no se me ocurre pero igual los del ‘tufo franquista’ tienen alguna idea respaldada por reputados juristas”, ironizaba en alusión al BNG. Arangüena matizó ayer sus palabras, defendió como un “éxito” del Gobierno socialista la recuperación del pazo de Meirás para el patrimonio público, pero defendió recurrir la buena fe de Franco y sus herederos “como una cuestión moral”.

El debate jurídico es complejo y tiene muchas aristas. La Diputación y los concellos de Sada y A Coruña no cuestionan que los descendientes del dictador tengan derecho a ser resarcidos por los gastos necesarios (de conservación), algo a lo que tienen derecho también los poseedores de mala fe, sino si Franco y sus herederos pueden considerarse poseedores de buena fe, con derecho a ser resarcidos también por los gastos útiles y a hacer suyos los ingresos durante todos estos años.

La Abogacía del Estado argumenta que la Audiencia no consideró suficientes las pruebas para acreditar la mala fe y que esta valoración no es posible cuestionarla mediante un recurso de casación. La asesoría jurídica de Sada afirma, en cambio, que el Supremo sí puede valorar las conclusiones que extrae de los hechos probados y que la valoración de la prueba puede ser objeto de recurso extraordinario por infracción procesal cuando existe un “error patente, ilógico o arbitrariedad en la valoración de los hechos”, un caso que, incide, se daría en la consideración de Franco y sus descendientes como poseedores de buena fe. Este Concello afirma que no solo queda acreditado que el dictador actuó de mala fe, sino que hay jurisprudencia que refrenda que esta sí se transmite y que correspondería a los descendientes probar que desconocían las irregularidades del título posesorio.

La Diputación, en una línea similar, argumenta que sí es posible recurrir la consideración de buena fe de, al menos, Franco y su mujer, Carmen Polo, fallecida en 1988. Otro punto de controversia es la liquidación posesoria desde 1975, un extremo que, dicen, contradice los hechos probados por la sentencia, que confirma la existencia de medios de seguridad públicos hasta 1990 en el pazo. Se trata, advierten las tres administraciones, de un punto relevante, dado que podría tener efectos en la pretensión principal y “allanar el camino” a los Franco para recuperar el pazo. Los dos ayuntamientos y la institución provincial admiten las dificultades del recurso, pero ven preciso “dar la batalla”.