Sada ordena reabrir el 3 de abril la piscina, que lleva 26 meses cerrada por deficiencias

El Concello de Sada ha requerido por escrito a la concesionaria de la piscina municipal para que proceda a la reapertura de las instalaciones el próximo lunes 3 de abril. Este complejo deportivo permanece cerrado desde el 14 de enero de 2021 por la necesidad de arreglar las deficiencias en la cubierta y, salvo sorpresa, reabrirá sus puertas  en vísperas del denominado período de sombra electoral, momento en el que quedan vetados los actos relativos a logros o que induzcan al voto.

El concejal de Deportes, Breogán Blanco, confirmó ayer la fecha en el pleno. El edil, que había fijado previamente la reapertura para el 20 de enero, atribuyó recientemente la demora a desacuerdos con la concesionaria. La piscina reabrirá sus puertas sin que el Concello haya sacado a concurso la concesión, en precario desde hace meses. La alcaldesa, María Nogareda, afirmó que los pliegos están prácticamente finalizados y que se aprobará la licitación en breve.

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La fecha de reapertura se dio a conocer en el turno de ruegos y preguntas de un pleno de Sada en el que el Gobierno local dio luz verde en solitario al Plan de Moviliidad Urbana Sostenible (PMUS) y a los reglamentos de uso de las instalaciones deportivas o para la puesta en marcha de nuevo de la agrupación de voluntarios de Protección Civil.

Los puntos prosperaron con los únicos votos del Gobierno local, que en algunos puntos de la sesión tuvo que hacer uso del voto de calidad de la Alcaldía por la ausencia de una edil por motivos personales.

Plan de movilidad

El plan de movilidad superó su primer examen con los votos del Gobierno local y la abstención de la oposición. Sadamaioría y BNG criticaron que el documento se modificase para condicionar la obra del río Maior al resultado de un simulacro que consideran “innecesario” dado que, defienden, el proyecto ya incluye un estudio de tráfico que avala la viabilidad de la obra. Sadamaioría anunció que presentará alegaciones para corregir algunos aspectos y concretar otros que considera imprecisos. Nogareda defendió que no se realizaron apenas cambios en el documento y que el simulacro se incluye por recomendación del equipo redactor.

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El pleno dio luz verde por unanimidad a un reconocimiento extrajudicial de crédito de 554.000 euros para el pago de facturas pendientes por servicios, suministros u obras ejecutadas al margen del presupuesto. Todos los concejales apoyaron el pago, lo que no evitó que el punto en un desencuentro entre el Gobierno local y la oposición.

Sadamaioría reprochó al Ejecutivo la tardanza en elevar este asunto a pleno. La edil Pilar Taibo sostuvo que trabajaban en un modificativo del presupuesto cuando fueron desalojados de la Alcaldía. La regidora, María Nogareda, y los concejales, María Pardo y Sergio García, atribuyeron la demora a la necesidad de revisar “todas las facturas que había en el cajón” y responsabilizaron a sus antecesores del retraso de abonar los trabajos a los proveedores.

Nuevas ordenanzas

La sesión dio luz verde también a los reglamentos de Protección Civil y las ordenanzas para el uso de las instalaciones deportivas. Lo hizo con la abstención a la primera y el voto en contra a la segunda del BNG y Sadamaioría, que cuestionaron la indefinición de las propuestas y algunos extremos, como el de no permitir el uso de las pistas a menores de 14 años salvo que vayan acompañados.

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El Ejecutivo defendió las propuestas y subrayó que pueden ser enmendadas aún con aportaciones de vecinos y grupos.

Paso a no adscritos

El pleno arrancó con el paso del edil Ramiro Blanco a no adscritos tras decretar por su expulsión definitiva del PSOE, notificada ya el pasado 2 de marzo. Su ya excompañera de siglas, María Pardo, se mantiene como portavoz del partido y defiende que el todavía no recibió respuesta a su solicitud de suspensión del acuerdo, un argumento que cuestionó Sadamaioría, que recordó que los estatutos del PSOE establecen claramente que la expulsión, una vez definitiva, es ejecutiva aunque se recurra en el comité de garantías.

Con el paso de Ramiro Blanco a no adscritos solo dos de los nueve ediles que impulsaron la moción de censura conservan las siglas: María Pardo y Sergio García, del PP, que se arroga como portavoz del partido, del que, al contrario que sus cuatro excompañeros, no fue expulsado dado que se integró en la lista como independiente.