Directivos de una empresa acusados de delito ambiental en Cerceda niegan ser responsables de vertidos

Dos directivos de una empresa que tenía por objeto el tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos en Cerceda han negado ser responsables de vertidos en un juicio que ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de A Coruña.

Se trata de un padre y un hijo acusados de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y para los que Fiscalía pide seis años de cárcel, respectivamente, además del pago de una indemnización de unos 500.000 euros a la Xunta.

En la primera sesión de la vista oral -- que se prolongará hasta este martes-- el padre ha explicado que no intervino en la gestión del vertedero y que tuvo conocimiento de las sanciones porque "esas cosas a veces se hablaban en casa". "Nunca llevé nada de eso, quien sabía de vertederos era él", ha puntualizado sobre su hijo.

Por su parte, el otro acusado ha señalado que la empresa entró en concurso de acreedores en el año 2012 cuando se quedan "sin recursos" y que se lo comunicó a la Xunta. "Impermeabilizamos el vaso en 2012 y se certificó, pero nos quedamos sin dinero para hacer el sellado".

"Pedimos a la Xunta que ejecutaran los avales que eran los únicos que podían hacerlo", ha añadido tras explicar que a él, desde su inhabilitación en el año 2014 por un plazo de cinco años, "no le dejan entrar" en el vertedero y por tanto, "no se hace responsable" de riesgos de vertidos de lixiviados. "No tenía llaves, me las dieron en 2018", ha apuntado.

No obstante, el procesado ha asegurado que las sanciones impuestas a la empresa durante esos años no tenían relación "en absoluto" con vertidos de lixiviados y también ha indicado que en el año 2015, la Xunta, el Ayuntamiento y Aguas de Galicia "no tenían ningún problema" respecto a esta cuestión.

Hechos

Según recoge el escrito de calificación fiscal, desde al menos el año 2012 y hasta marzo de 2016, los acusados, en el vertedero de residuos no peligrosos ubicado en Cerceda "incumplieron, siendo plenamente conscientes de ello, y con la finalidad de ahorrar costes a la empresa y maximizar sus beneficios, la autorización ambiental" para este tipo de actuaciones.

En concreto, el Ministerio Público recuerda que en ella se establece que "en ningún caso existirá vertido al dominio público hidraúlico do lixiviado generado". Sin embargo, señala que ambos acusados "conjunta y concertadamente según el rol de cada uno" en la empresa -- que tenía por objeto el tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos -- "toleraron, promovieron y consintieron los vertidos".

"Prescindiendo, además, intencionadamente de realizar los controles analíticos establecidos, así como el control y entrega de lixiviados generados en la actividad a gestor autorizado, procurando así, que dichos vertidos continuaran en el medio, sin control alguno de manera continua y durante largos periodos de tiempo, hasta la intervención de la autoridad ambiental".