El exconcejal José Nogueira, exonerado de la ‘Pikachu’ a los diez años de su imputación

El juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña decretó el sobreseimiento de la causa abierta en 2013 por la jueza Pilar de Lara contra el exconcejal socialista José Nogueira; el entonces delegado en Galicia de la empresa Vendex, José María Tutor; y varios funcionarios municipales por la adjudicación de tres contratos de servicios en el centro Ágora a Sermasa, integrada en el grupo Vendex. Nogueira figuraba en la causa —incluida en la llamada operación Pikachu, rama coruñesa de la Pokemon— como imputado por los supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias, pero el juzgado considera que “no existen indicios bastantes de que los hechos sean constitutivos de infracción penal” y añade que la posible responsabilidad penal en la que habrían incurrido las personas implicadas “estaría prescrita en el momento actual”. Otras piezas de la Pokemon vinculadas con A Coruña están pendientes de resolución en juzgados de instrucción de la ciudad.

Los contratos investigados se referían al servicio de limpieza del Ágora, el de vigilancia, así como el de conserjería y mantenimiento. Sobre el primero de ellos, el juzgado estima que las irregularidades que fueron denunciadas “no alcanzan relevancia penal”. Para ello recuerda que la Fiscalía indicó que “la modificación de la puntuación no habría modificado la adjudicación”, aspecto que tampoco influyó con el cambio del plazo para su entrada en vigor.

El auto destaca que el contrato fue adjudicado por la mesa de contratación del Concello a Sermasa y que Nogueira no formaba parte de ella, mientras que sus integrantes no fueron investigados ni llamados a declarar en los últimos diez años, situación que también se produjo con el segundo de los contratos.

La titular del juzgado aclara que para que se aprecie la existencia de un delito de tráfico de influencias se requiere que una autoridad o funcionario público “prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra relación personal o jerárquica, influya en otro funcionario para que otorgue una resolución que le pueda generar beneficio económico directo o indirecto para sí o para tercero”. Pero puntualiza que “no basta la mera sugerencia” y que la influencia “debe consistir en una presión moral eficiente sobre la acción o la decisión de otra persona, derivada de la posición o status del sujeto áctico”. Aunque admite que existía una “familiaridad inadecuada” entre la entonces jefa del Servicio de Cultura y el delegado de la empresa Vendex José María Tutor, considera que la funcionaria “carecía de poder decisorio” sobre los expedientes de los contratos y de autoridad sobre la mesa de contratación que le “permitiera influir de forma decisiva en la resolución”.

El Consejo General del Poder Judicial impuso en 2019 a Pilar de Lara una sanción de siete meses que le hizo perder su puesto al frente del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo a causa de retrasos, suspensiones y tramitación o seguimiento incorrectos de varios casos judiciales. En la actualidad, es titular de un juzgado en Ponferrada.

“La jueza Pilar de Lara está incapacitada para seguir ejerciendo la carrera judicial”

¿Cómo afronta el sobreseimiento de la causa judicial en la que estaba inmerso?

Hace ya casi diez años que se inició el proceso y, sobre todo en los primeros, la figura del imputado era para todo el mundo sinónimo de culpable. Era lo que se llamó en su momento la pena de telediario, con continuas imágenes de personas entrando a declarar en los juzgados, hasta tal punto que a muchas les resultó imposible seguir con sus ocupaciones.

¿Se vio obligado a dejar la política por esta razón?

No es que me sintiera obligado, es que estaba establecido en aquel momento que los imputados no podíamos ir en las listas electorales, ya que se entendía que el imputado estaba condenado y se hizo una limpieza de todo el que estaba en esa situación, hasta el punto de que el Gobierno tuvo que cambiar este término por el de investigado. En bastantes medios de comunicación me pidieron constantemente que dimitiera, pero cuando en 2019 el Gobierno de Marea Atlántica tuvo imputada a Claudia Delso, la llevó en las listas y nadie dijo nada.

¿Cómo recuerda su declaración ante Pilar de Lara?

Fue en febrero de 2014 en los juzgados de Lugo y recuerdo que me citó a las tres y media de la tarde y entré a declarar a las once y media de la noche. Nos tuvo a mi abogado y a mí en un pasillo sin asientos todo ese tiempo y cuando a los guardias civiles les acabó el turno, nos dejaron una luz encendida y encerrados en el edificio. Me tomó declaración durante veinte minutos y cuando el verano de ese año tuvimos acceso al informe del Servicio de Vigilancia Aduanera sobre el que se sustentaba la acusación, aporté cuatro testigos. Me acusaban de estar en connivencia con dos funcionarios municipales para modificar el pliego de condiciones técnicas del concurso de la limpieza del Ágora. Los dos declararon que nunca habían hablado conmigo y que solo sabían que era concejal, tras lo que Vigilancia Aduanera dijo que se había equivocado y que eran otros funcionarios y que era el pliego económico. Estos otros dos funcionarios también declararon que nunca habían hablado conmigo y que el pliego era el mismo que se usaba para todos los concursos, pero la jueza dijo que no les creía y que le daba más valor al informe de Vigilancia Aduanera. Mi abogado dijo entonces que si creía que los testigos estaban mintiendo debía acusarles de perjurio, pero ella contestó que no tenía por qué hacerlo. Desde entonces no volvimos a saber nada más.

¿Qué le parece la actuación de la jueza Pilar de Lara en este caso?

Una persona que ha tenido a más de 200 personas imputadas durante más de nueve años y de la que tanto el Consejo General de Poder Judicial como los jueces que han tenido que continuar los casos que ella llevaba se han quejado de su mala praxis está incapacitada para seguir ejerciendo la carrera judicial. Compadezco mucho a los ciudadanos de Ponferrada porque lo que hizo en Lugo lo hará allí. Desgraciadamente creo que no está en su sano juicio, ya que si tuviera que pasar un examen psicológico, no lo superaría.

¿Se siente una víctima del sistema judicial?

Aunque ella está diciendo en Europa que la víctima es ella, los jueces dicen ahora que tuvo a más de doscientas personas imputadas injustificadamente y sin cerrar ningún caso. De todas ellas, solo ha sido condenado un concejal de Lugo, por lo que no sé quién ha sufrido daños, si ella que fue sancionada con siete meses de suspensión o quienes hemos estado señalados por ella como culpables durante nueve o diez años. Ella sigue cobrando su sueldo, pero los demás hemos tenido que dejar nuestras ocupaciones. Esta señora llevaba asuntos por toda España porque se creía que era la Audiencia Nacional y acusó a personas de delitos que no existen, lo que es inaudito.

¿Piensa reclamar daños y perjuicios?

Por supuesto. Lo lamentable es que quien va a pagar esto es el Estado, los españoles con sus impuestos, y no la jueza Pilar de Lara con su sueldo por la mala praxis que hizo y las infracciones que cometió.

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