La Policía acusa a la trama del Sindicato de Limpieza de intentar justificar las mordidas como una imposición del Concello de A Coruña

Una investigación de un año de la Policía Nacional afirma que el Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), mayoritario en las concesionarias municipales de higiene viaria y recogida de basuras, sirvió de soporte a una “red criminal” que cobraba “mordidas” a los empleados de estas empresas. De acuerdo con la Policía, los pagos, de unos 70 euros al mes, se justificaban a los trabajadores como una exigencia del Concello. La supuesta red constaba de cuatro personas, entre las que tenía un papel central el secretario general del sindicato y que han sido formalmente acusadas de diversos delitos. También se habrían dedicado a lucrarse con una empresa de integración a discapacitados, usando el tráfico de influencias para conseguir contratos.

¿Quiénes componen la trama?

La Policía ha señalado a cuatro personas, si bien considera que la parte más importante de la red correspondía a Miguel Ángel Sánchez, el secretario general de STL. Se le acusa de estafa, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares, los mismos cargos que pesan sobre el presidente del comité de empresa de PreZero, Luis Varela, también miembro de STL, y una mujer, pareja de Sánchez. A estos tres se les atribuye un papel en las mordidas, mientras que a la cuarta acusada, sobre la que no pesan cargos de estafa, se le achaca participar en otra parte de la trama, la del tráfico de influencias.

¿Cómo se cobraba?

De acuerdo con fuentes de la investigación, los miembros de la trama habrían conseguido que las empresas que llevan ahora las concesiones municipales (PreZero en el caso de la recogida de basuras, la UTE A Coruña Limpeza en higiene viaria) permitiesen que la contratación pasase a través de ellos. Habían creado para este fin una asociación, Imprego. Su “presidenta, y única trabajadora”, era la pareja de Sánchez. Los que querían trabajar en las concesionarias municipales tenían que afiliarse, y la mordida estaba “legalizada como una cuota de la asociación”, cuyo abono se ha visto que “curiosamente coincidía con el tiempo que estaban trabajando”.

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¿A quién se cobraba?

Según la Policía, a la “gran mayoría”, si no a todos, los empleados eventuales que pasaban por ambas empresas. “Por lo que sabemos, los trabajadores que pasaban a ser fijos ya no pagaban a Imprego”, aunque seguían abonando la cuota normal a STL como afiliados. “Imprego era para los eventuales”, zanja la Policía.

¿Qué se decía a los empleados?

De acuerdo con los investigadores, “se les engañó”, y se les dijo que unirse a Imprego y pagar la cuota era “obligatorio” debido al pliego de condiciones de la concesión. Para entender esto hay que comprender que las empresas en las que presuntamente introducían personal realizan sus tareas a través de un contrato con el Ayuntamiento, que se concede después de un concurso. El pliego son la condiciones que deben cumplir las empresas que se presenten, y respetar si ganan. Los miembros de la trama, afirman fuentes policiales, decían que “en el pliego de condiciones el Ayuntamiento obligaba a la UTE y a PreZero a contratar a través de Imprego, lo que es falso: cuento la mentira que a mí me interesa”.

¿Qué era Imprego?

En palabras de la Policía Nacional, “una cosa rara”. De acuerdo con fuentes de la investigación, legalmente es una asociación dedicada a la inclusión social, pero en sus estatutos figura que, como sirve de intermediario para lograr contratos, es una “pseudoempresa” y puede regirse como una sociedad, aunque no esté inscrita como tal.

¿Y se dedicaba a la inclusión social?

Según la Policía, no. “Todos los que han entrado son contactos de Miguel (Ángel Sánchez) o de trabajadores” de las concesionarias, afirma una fuente conocedora de la investigación, que afirma que “realmente era enchufismo”.

¿Había más eventuales de los que debería?

“En principio”, indican fuentes de la investigación, su número era “normal”.

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¿Por qué las empresas aceptarían que Imprego gestionase la contratación?

La Policía no tiene una explicación formal, pero una fuente policial conocedora del caso indica que “es especulación, pero supongo que para conseguir la paz social”. El STL, señala la misma fuente, es el “sindicato mayoritario” en las dos sociedades, y en las últimas elecciones sindicales “obtuvo el 93% de los votos de los trabajadores en ambas empresas”, por lo que “si al secretario general lo tengo de mi mano, consigo la paz social”. “Ahí es donde entra la corrupción entre particulares, en que había una connivencia para que Miguel (Ángel Sánchez) obtuviera ciertos beneficios permitidos o no vigilados por las empresas”, indica la fuente.

¿Cuándo empezaron a funcionar las mordidas?

De acuerdo con la Policía, la investigación “está centrada desde el año 2018 hasta ahora”. No se ha optado por indagar en años anteriores dado que presumiblemente los delitos estarían prescritos y no podrían perseguirse. Según fuentes policiales, hay “evidencias” de que el presunto sistema estaba funcionando “en los últimos dos o tres años”, y no hay constancia de que las concesionarias anteriores participaran.

¿Hay personas acusadas de las empresas?

Según señalan fuentes policiales, no, y también rechazan señalar si se les podrían achacar delitos.

¿Dónde operaba Imprego?

De acuerdo con la Policía, “estaba también en Ourense”, aparte de en A Coruña, si bien no se han investigado los casos de allí. Según cargos de la CIG de esta ciudad, que llegó a interponer en 2020 una denuncia archivada ante la Fiscalía, el STL e Imprego cobraron mordidas a trabajadores de la concesionaria de limpieza viaria y recogida de basuras que accedían a través de la empresa FCC, una de las que gestionan el servicio (y que participa en A Coruña Limpeza).

¿Qué pasó en Ourense?

Siempre según la CIG, las mordidas se acabaron cuando unas 80 personas que antes las pagaban se hicieron indefinidas. Fuentes de la investigación señalan que conocen la denuncia de la CIG y que la decisión de extender las indagaciones a esta ciudad “depende de la Fiscalía”.

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¿Cómo era el tráfico de influencias?

Los investigadores consideran que los miembros de la trama habían abierto una vía “completamente diferente” a la anterior con la constitución de Inusvalia, una empresa fundada en 2021 que dirigía la cuarta acusada. Funcionaba como centro especial de empleo para personas con discapacidad, con lo que los seguros sociales salen “mucho más baratos”.

¿Para quién trabajaba?

En base a los datos fiscales de la sociedad, la Policía afirma que sus únicos clientes coruñeses eran PreZero y A Coruña Limpeza: hacía servicios auxiliares para ellas.

¿Quién era el dueño?

Según la Policía, la mujer a cargo de Inusvalia era un “testaferro” de Miguel Ángel Sánchez, que era en la sombra el “socio de la empresa, recibe los beneficios de la empresa”, y “realmente” la sociedad era suya, la manejaba y recibía los beneficios que derivaban de los contratos. También, afirma la Policía, era el encargado de conseguirlos.

¿Y eso es ilegal?

La investigación considera que sí, porque “porque se aprovecha de su situación, de ser la persona que es secretario general del sindicato mayoritario de ambas empresas, lo que significa que tiene contacto directo con los directivos de estas”. Y, gracias a esto, “consigue que contraten a su empresa, y no a otra”.

¿En dónde operaba Inusvalia?

Además de en A Coruña, en Ponferrada, donde tenía otro centro. Los sindicatos de limpieza de la ciudad protestaron el año pasado por la contratación de trabajadores de Inusvalia para la limpieza viaria.

¿Cuántas personas trabajaban en Inusvalia?

Las fuentes policiales con las que contactó este diario apuntan a que hay cierta confusión. Les consta que en A Coruña hay unos 40 trabajadores, y en la Seguridad Social, en total, 50 dados de alta, pero un documento de la Junta de Castilla y León señala a 31 trabajadores en el centro de Ponferrada para el año pasado, por lo que el dato “no cuadra”. Pero, afirman las mismas fuentes, “solo nos hemos centrado en A Coruña, Ponferrada sabemos que existe pero de momento lo hemos dejado ahí para proseguir más adelante”.

¿Se cobraban mordidas a los discapacitados?

Fuentes oficiales de la Policía Nacional aseguraron a este diario que así era en días pasado, pero otras fuentes policiales conocedoras de la investigación han aclarado que no hay constancia de que fuera así. “A lo mejor se avanza en la investigación y sí, ahora mismo el funcionamiento de Inusvalia de cara a sus trabajadores a priori era normal, no había nada fuera de lo legal”, señalan.

¿Quién dirigía todo?

De acuerdo con la investigación, Miguel Ángel Sánchez, tanto en lo relativo a las empresas de la trama como al propio sindicato. “STL es Miguel, y Miguel es STL”, sentencia una fuente conocedoras de la investigación, que añade que el grupo sindical “se gestionaba de una manera personalísima. Todo, absolutamente todo, pasaba por Miguel, todo lo que hacía el sindicato pasaba por Miguel. Llamarlo organización me parece ya demasiado, STL es Miguel”. Y “todo, al final, acaba en el sindicato”.

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¿Y al sindicato, o sus miembros, se les achaca delito?

“No hay una acusación por un delito de grupo u organización criminal”, aseguran las fuentes policiales consultadas, que añaden que “no tenemos razones para pensar que haya colaboradores delictivos” de Miguel Ángel Sánchez más allá de los acusados. En la oficina del sindicato trabajan varias personas “pero, hasta donde nosotros sabemos, en funciones normales” en una organización así. De cualquier manera, insisten las fuentes, “todas las decisiones” pasaban por Sánchez.

¿Cuánto y cómo empezó la investigación?

De acuerdo con fuentes policiales que la conocen, a “inicios del año pasado”, según ya desveló este diario, pero “no tuvo que ver” con el conflicto de la basura que se vivió en esta época en la ciudad. Fuentes oficiales de la Policía indicaron a este diario la semana pasada que se empezó a investigar a raíz de la denuncia de personas supuestamente extorsionadas, pero otras fuentes policiales que conocen el caso aclaran que no hubo denuncia y se empezó a trabajar en base a “informaciones” que llegaron al cuerpo. Luego se comprobó el patrimonio de Miguel Ángel Sánchez y su compañera y se vieron “cosas raras”, esto es, que era más amplio del que permitía prever su sueldo.

¿Cuánto dinero gestionaba la supuesta red?

Se desconoce. Una nota de prensa de la Policía Nacional hablaba de 250.000 euros de beneficios en 2021. Fuentes de la investigación, que corre a cargo, precisamente, del grupo de Delincuencia Económica y Fiscal, que investiga delitos contra la Hacienda, señalan que esa información “no es ajustada” y que el cuarto de millón es la facturación de Inusvalia. Es decir, los ingresos que tuvo, pero estos no se convierten automáticamente en beneficios, puesto que hay gastos y sueldos. Las mismas fuentes indican que “esto es lo declarado, pero lo más importante de todo es lo no declarado”, y que “en esas estamos” para averiguarlo. Y, según señalan, aún no se pueden difundir las cantidades que circularon a través de Imprego.

¿Cuánto dinero se ha incautado?

También se mantiene bajo secreto. Cuando la Policía Nacional detuvo a los cuatro acusados la semana pasada (fueron puestos en libertad con cargos el viernes) realizó varios registros en los que intervino unos 45.000 euros en efectivo, y bloqueó cuentas por un importe “muy elevado”, así como siete fincas que representan un valor conjunto de medio millón. Además, se han intervenido seis vehículos, dos armas de fogueo con 90 cartuchos y una placa policial simulada.

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