El presupuesto para Tranvías se queda corto de nuevo y obliga al Ayuntamiento de A Coruña pagar 1,3 millones más

El pleno de este jueves votará si reconocer y abonar con cargo al presupuesto de este año un total de 22 facturas irregulares del Ayuntamiento, correspondientes a los ejercicios 2021 y 2022. Estos pagos, que se abonarán como reconocimientos extrajudiciales de créditos (una fórmula empleada por los ayuntamientos para abonar gastos que no se tramitaron correctamente) suman 1,7 millones de euros, y la mayoría, algo más de 1,3 millones, son pagos a la Compañía de Tranvías ocasionados el año pasado y que no se pagaron porque el Concello no reservó fondos suficientes.

Según un informe del área de Movilidad, se trata de cinco facturas que se le deben a la empresa que gestiona los buses urbanos de la ciudad y que se corresponden con los meses de octubre y noviembre de 2022. Se trata de las transferencias que realiza el Ayuntamiento para subvencionar los viajes a los pasajeros, tanto para universitarios y personas con bono social como a público general. El Concello reconoce que “no se pudieron tramitar por falta de crédito”, aunque la empresa realizó el servicio “efectiva y satisfactoriamente” y esto sufrió un “correlativo empobrecimiento” por proporcionar descuentos sin contraprestación.

El interventor municipal, el funcionario estatal encargado de fiscalizar la legalidad de los gastos del Concello, no se opone al pago, aunque recuerda que puede haber “consecuencias y responsabilidades” por realizar un gasto sin crédito presupuestario, pues esto es una “actuación irregular”. El gasto público, legalmente, tiene que asignarse a través de unos cauces que no se cumplieron en los 22 casos que el Gobierno local quiere regularizar.

Así, el funcionario también recuerda que utilizar el reconocimiento extrajudicial de crédito debería ser “excepcional”, y algo reservado para situaciones de “emergencia”, y que el Ayuntamiento (que aprueba multitud de facturas por esta figura todos los años) tendría que gestionarse para evitarla.

Este problema de previsión, afirma el funcionario, se ve en el caso de las facturas de Tranvías, para los que la falta de fondos suficientes ya se ha criticado “en informes anteriores”. En este caso es necesaria “una mejor provisión de consignación presupuestaria”, es decir, asignar fondos suficientes para pagar los gastos y no quedarse cortos.

Ahora, señala el funcionario, se pretende imputar estas facturas a la partida de este año, una práctica “contraria a la legislación vigente, que prohíbe realizar gasto sin tener crédito autorizado y suficiente”, y que conlleva un “riesgo”: el de volver a no contar este año con fondos suficientes para el pago.

El Ayuntamiento asegura que habrá dinero para cubrir el nuevo gasto en 2023, pues cuenta con incorporar a la partida correspondiente ayudas del Estado. Pero el interventor expresa sus “dudas” de que los fondos que reserva el Concello (y que son los mismos que los del año pasado, pues el presupuesto está prorrogado) puedan cubrir el gasto total. Según señala el funcionario, “atendiendo al histórico de los últimos años” queda en “evidencia falta de crédito suficiente” para abonar los meses finales del ejercicio.

Pagos pendientes a Endesa

Otra decena de facturas son pagos debidos a Endesa por el suministro de energía eléctrica, correspondientes a los consumos de diversos meses de 2022, desde abril a diciembre. En total, arrojan un saldo de algo más de 347.000 euros que debe pagar el Ayuntamiento. Una vez más, y según reconoce el Concello, no se han podido pagar con cargo a los presupuestos de 2022 debido a que el saldo “se ha consumido con las obligaciones reconocidas”.

A mayores se pide reconocer otra factura por un importe de cerca de 12.000 euros con la comercializadora Gas and Power S. A., que, indica el interventor, se corresponde con un suministro que proporcionó al Ayuntamiento “sin contrato formalizado”. Estos gastos eléctricos heredados se achacan al presupuesto prorrogado, pero, según denuncia el funcionario, el Ayuntamiento no hace “valoración económica alguna” acerca de si la partida basta para “asumir esta desviación”.

Las últimas seis facturas suponen unos 28.000 euros que la concesionaria de los locales comerciales y el aparcamiento de la plaza de Lugo reclama al Ayuntamiento, como la parte que le corresponde del gasto de elementos comunes en el inmueble. El Concello y la empresa pleitean por los 216.000 euros de la construcción del edificio.

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