José María Grela, ex miembro del Sindicato de Limpieza: “Estuve pagando meses a STL por trabajar; salí del sindicato y he sufrido un acoso continuo”

“Se entra a dedo, el que quiere el secretario general, y si eres albañil le haces un muro porque te da trabajo”

José María Grela, trabajador de limpieza viaria. // CASTELEIRO/ROLLER AGENCIA

José María Grela, trabajador de limpieza viaria. // CASTELEIRO/ROLLER AGENCIA / Enrique Carballo

José María Grela es barrendero en la concesionaria municipal A Coruña Limpieza, en la que, según la Policía, el Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL) lleva años cobrando mordidas por trabajar, aunque hasta ahora nadie ha querido admitir en público haberlas abonado. Pero Grela asegura que son reales: él mismo las pagó durante meses, antes de abandonar STL y conseguir un puesto fijo a través de una sentencia judicial favorable. Desde entonces, explica, ha sufrido un “acoso continuo y reiterado del sindicato y de los compañeros que le son afines”.

La vinculación de Grela con el servicio de limpieza empezó con la anterior concesionaria, Cespa, que llevaba tanto esta función como la de recogida de basuras. “Antes había estado en su planta de voluminosos de Cerceda, pero en 2014 empecé con contratos temporales de barrendero”, recuerda. En aquel momento su padre era encargado en el servicio, pero no era de STL; “y yo no estaba afiliado a ningún sindicato”, apunta.

Grela se dio cuenta de que de los contratos que cubría “ninguno” le daba acceso “al puesto fijo”, y era vox populi” que para esto era preciso estar afiliado a STL. Aunque no sabe “cuándo empezó”, afirma que en torno a 2015 o 2016 la asociación Imprego empezó a llevar “el 100% de las contrataciones”. Esta agrupación está gestionada por Cristina Martínez, pareja del secretario general de STL, Miguel Ángel Sánchez, y la Policía investiga a ambos, además de a la sociedad, que considera creada para gestionar las mordidas.

“No te llamaba Cespa, era Cristina la que te decía si continuabas o no. Después de dos años trabajando, en 2016, me di de alta en el STL y en Imprego para poder acceder a fijo”, repasa Grela. Esto implicaba pagar una mordida “de unos 68 euros”. Según la Policía, los empleados temporales de las concesionarias abonaban el pago los meses que Imprego les conseguía trabajo, y Grela señala que estuvo “en ese sistema”; “aunque otros compañeros, aun cuando no trabajaban, pagaban igual, te recomendaban que era mejor. Era prácticamente una cuota para tener acceso a trabajar”, resume. La Policía también señala que Imprego solo conseguía trabajos en las concesionarias municipales dominadas por STL (además de A Coruña Limpieza, PreZero, que gestiona la recogida de basuras), y el exsocio del sindicato lo confirma. “No puedes acceder a Imprego si no pasas por STL. Es la empresa de colocación del sindicato: te meten en sus empresas, no te buscan trabajo en el Carrefour”.

El trabajador de limpieza señala que también ha escuchado el “rumor” de que había que pagar 4.000 euros cuando se entraba fijo; “aunque nadie me llegó a decir págame 4.000 euros”, admite. “Sí me dijeron que si no estabas en Imprego era imposible que accedieras a un puesto fijo, y, al final, cansado, voy”. Aunque, indica: “Si calculas los dos años que tienes que pasar en Imprego, que normalmente son tres, la cuota de 70 euros y los once del sindicato, es una cantidad muy próxima a los 4.000 euros”.

Pero según cuenta Grela, solo pagó unos “cuatro o cinco meses”, hasta que se enteró de la existencia de una lista “en la que venían las personas que iban a tener trabajo fijo” en los próximos tiempos. “Eso me molestó: estoy en STL para conseguir trabajo fijo, que lo tenía por ley por los meses que llevaba trabajando, y entraban otras personas que llevaban menos tiempo que yo”.

Esta arbitrariedad, indica, se debe a que la gente accede según la afinidad con Miguel Ángel Sánchez, al que la Policía Nacional acusa de ser el cabecilla de la presunta trama criminal. “Te das cuenta de que es a dedo, entra el que quería Miguel y STL. Hay casos de familiares de él que en siete meses estuvieron fijos”, asevera Grela. En cambio, a otro compañero que había pagado por trabajar dos años “no le volvieron a hacer contratos” después de hacer unos arreglos en la casa de Sánchez y pasarle un presupuesto que “no le pareció bien”. “Una vez que pagas para entrar, si eres electricista me arreglas la casa, si eres albañil me haces un muro, porque yo te doy trabajo y soy Dios”, acusa Grela.

Él, señala, discutió con un “alto cargo” del sindicato y le dijeron que tenía que pagar durante dos años. “Le digo que soy hijo de la empresa, que me parece una estafa y que voy a denunciar mi situación para conseguir un puesto fijo”, prosigue. El contrato indefinido, según afirma Grela, llegó “en 2018 por sentencia judicial, en un juicio contra Cespa, que en teoría es quien hace los contratos; en la práctica ya sabemos que no”. Desde entonces, señala, vive represalias.

Sin material y con sanciones

Estas, según Grela, tienen varias dimensiones: una es el acoso en el trabajo. “Llegas a la caseta, no tienes taquilla y como no eres del STL se ríen de ti; estuve cuatro meses sin ropa, pidiendo por favor una talla más”. También ha sufrido “sanciones” de los encargados, “prácticamente todos” del STL. “El compañero que trabaja en tu zona antes que tú deja las papeleras llenas y no se le dice nada; yo si dejo una colilla tengo una foto del encargado, es una presión constante”.

En cambio, señala que a otros empleados, miembros del STL, hacen “auténticas barbaridades y no les pasa nada”: “Da igual que golpees una máquina o vengas a trabajar borracho”. Además, “te aprietan tus propios compañeros”, añade: en un caso en el que se le sancionó falsamente, afirma, por supuestamente “golpear una puerta cuando estaba saliendo de la ducha, e iba descalzo” declaró contra él “una persona que estaba en Imprego y buscaba puesto fijo”.

Y hay amenazas y daños contra propiedades, aunque no tiene una sentencia que las demuestren. “Me pincharon las cuatro ruedas del coche, fueron 500 euros: no denuncié porque me pareció que no iba a llegar a ningún lado. No puedo decir que es STL porque no tengo la evidencia, pero es su forma de trabajar habitual: otro compañero denunció y le pincharon las ruedas dos veces”.

Ahora se ha afiliado a UGT y, afirma, ha pasado a tener “casetas prohibidas”, porque a los que no son del STL se les trata de colocar en puestos donde el resto sean afines al sindicato: “No quieren que se revolucione el corral”. A un compañero, por hacer “labor sindical” para un grupo diferente al STL, afirma, “le pusieron pancartas” llamándolo “cocainómano”, y además “le hicieron pintadas”.

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 El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, aseguró este jueves durante el pleno municipal que el Concello abrió cinco expedientes por penalidades durante este mandato a las concesionarias de la limpieza viaria y la recogida de la basura. En el debate de las mociones presentadas por Marea Atlántica y BNG sobre la investigación judicial en marcha acerca del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL)_dijo que el Ejecutivo municipal no tendrá “ningún tipo de tibieza frente a ninguna mala práctica” y en referencia a la exigencia de una investigación del Concello sobre las irregularidades investigadas rechazó que se hagan “juicios paralelos” porque esta institución no puede “ser tribunal ni juzgado para tomar decisiones”. También anunció que este mes se presentará una instrucción para todas las concesiones municipales que exigirá más controles y supervisión de su gestión.

Ambas mociones fueron aprobadas por unanimidad y dieron pie a la oposición para criticar lo que consideró “falta de control” de los servicios de limpieza y recogida. El BNG recordó que denunció hace siete meses acosos y amenazas a trabajadores que se dieron de baja en el STL y que el Gobierno local rehusó intervenir hasta que se conoció la investigación judicial, por lo que exigió que se indague la subcontratación y el posible pacto entre STL y la empresa de la limpieza para realizar la huelga de 2022.

Marea reclamó que se instale un buzón para denuncias anónimas de los trabajadores como permite la ley, tener acceso a los expedientes sobre el control y las penalidades de estos contratos, así como que se refuerce el personal de la concejalía de Medio Ambiente.

Para el PP, el Gobierno local solo actuó en este caso “empujado por la oposición” y aseguró que el control de estos contratos también debe ser ejercido por la concejalía de Facenda. También destacó que el Concello debía asesorar a la concesionaria para subcontratar con una empresa de economía social.

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