Las bibliotecarias de A Coruña critican el año de “silencio” tras la promesa municipal de estudiar la gestión directa

El Concello prometió encargar un servicio sobre una posible remunicipalización en julio de 2022, y en octubre el pleno aprobó crear una comisión específica que nunca tuvo actividad

Protesta de los trabajadores de las bibliotecas externalizadas ante María Pita en julio de 2022. |   // C. PARDELLAS

Protesta de los trabajadores de las bibliotecas externalizadas ante María Pita en julio de 2022. | // C. PARDELLAS / Enrique Carballo

La red de bibliotecas que depende del Concello tiene un modelo de gestión doble: algunas las llevan empleados municipales, pero la mayoría dependen de una concesionaria. En julio del año pasado, mientras la plantilla de esta (mayoritariamente femenina) iba a la huelga por impagos, el portavoz municipal, José Manuel Lage, afirmó que el Gobierno local quería “mejorar el modelo” y que encargaría un estudio técnico-jurídico para ver de qué manera era posible “unificar la red”; nunca se hizo público y el Ayuntamiento no aclara si se llegó a hacer. En octubre, el pleno aprobó crear una comisión sobre este asunto, que nunca ha tenido actividad. La presidenta del comité de empresa, Elisabeth Rodríguez, denuncia el “silencio” que han sufrido las trabajadoras, que “no sentimos que seamos un servicio importante”.

Esta ausencia de respuesta, explica Rodríguez, se ha visto en la comisión municipal que debía estudiar una posible remunicipalización. Esta parte de una moción de Marea Atlántica, negociada con el PSOE, y que tuvo el apoyo unánime de todos los concejales, fue acogida como una “buena nueva” por la plantilla, recuerda Rodríguez. El grupo de trabajo iba a tener representación tanto del Ayuntamiento como de la oposición y de los trabajadores, pero pasaron los meses sin que hubiese una sesión de constitución. En el pleno de diciembre, Lage admitió que el Gobierno local iba “con algo de retraso” por no haber puesto en marcha esta comisión, y, en un ejercicio de autocrítica, señaló que “deberíamos haberlo hecho ya”. Prometió que se darían pasos “de inmediato”.

El 28 de febrero, según señaló en su momento este diario, la regidora, Inés Rey, creó la comisión a través de un decreto de Alcaldía, cuatro meses y medio después de que la iniciativa tuviese respaldo del pleno. Pocos días después, el Gobierno local envió una comunicación a la oposición pidiéndoles que designasen a un representante y a un sustituto, y también a los trabajadores.

Rodríguez señaló entonces que desde el comité de empresa “tenemos miedo de que sea una medida electoralista” y que se convocase la comisión solamente para “hacer un check in” de cara a los comicios municipales que se celebraron a finales de mayo. Estos pasaron, y Rey revalidó como alcaldesa, sin novedades. Tanto el PP como el BNG, los grupos que constituyen la oposición en este mandato, han confirmado a este diario que el Ayuntamiento no les ha llamado para iniciar el trabajo, y Rodríguez insiste en que la plantilla ha realizado peticiones al Ayuntamiento de manera reiterada, por correo electrónico y por registro. “Como suponíamos, aire”, remacha la representante sindical. El Ayuntamiento no ha querido responder a las preguntas de este diario sobre la comisión, ni sobre el estudio técnico que se prometió encargar.

Tentativa abortada de Marea

La huelga en el verano del año pasado se debió a que la concesionaria, LTM Servicios Bibliotecarios, pagó la nómina extraordinaria de junio semanas después del plazo debido, pese a que estaba recibiendo correctamente los abonos del Ayuntamiento. Las trabajadoras ya habían tenido problemas anteriormente, y en meses posteriores continuaron las dudas sobre la solvencia de LTM, con lo que el Concello traspasó el contrato a Ilunion en el mes de diciembre, además de abrir la posibilidad a remunicipalizar.

En el pasado mandato, sin embargo, el Gobierno local ya había descartado una iniciativa en este sentido. Marea Atlántica, que gobernó de 2015 a 2019, realizó un encargo a la empresa municipal Emvsa, poco antes de salir del Gobierno local, para que asumiese la gestión directa, pero una de las primeras decisiones del nuevo Gobierno local socialista fue dejarlo sin efecto al considerar que este modelo era “ilegal” y no daba “garantías” a la actual plantilla, una tesis que también defendía el PP. El Ayuntamiento sacó un nuevo contrato a concurso y lo asignó a LTM sin que, en estos cuatro años, se haya explorado una alternativa al método de Marea. Rodríguez critica la “diferencia” entre el personal funcionario y de empresa, y afirma que este año se denegó a los empleados de la concesionaria la jornada reducida de verano.

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