La concesionaria de Nostián, en A Coruña, rechaza pagar las tasas por las obras para sellar los vasos de basura que siguen al aire libre

El Ayuntamiento detrajo 108.000 euros a la concesionaria de Nostián para cubrir los gastos de la licencia de los trabajos, que, según ha ratificado el Superior, le corresponden a la empresa

La gestora ha acudido a los tribunales

Vista aérea de Nostián. Detrás de las instalaciones se encuentran los dos vertederos sin cerrar. |   // LA OPINIÓN

Vista aérea de Nostián. Detrás de las instalaciones se encuentran los dos vertederos sin cerrar. | // LA OPINIÓN / Enrique Carballo

La concesionaria de la planta de tratamiento de basuras de Nostián, Albada, ha llevado al Ayuntamiento a los tribunales por cobrarle las tasas de la obra de sellado de los dos depósitos de residuos que mantiene llenos y al aire libre desde 2002 y 2008. Varias sentencias y la Xunta han ratificado que se deben cerrar y la administración autonómica ya le ha impuesto a la empresa dos multas por no hacerlo. La disputa sobre la obra, que, según señaló el año pasado el Superior, es “imprescindible”, suma una nueva vía judicial por parte de Albada, que discute con el Ayuntamiento acerca de quién debe pagar los trabajos.

De acuerdo con fuentes municipales, el Concello, que es propietario de la planta, retiró del canon que le paga a Albada un total de 108.000 euros, 88.000 del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y otros 20.000 de la propia licencia de obra de sellado de los vasos. El pago de estas tasas es un requisito previo para conceder la licencia de obra, necesario a su vez para ejecutarla, por lo que el movimiento puede leerse como una estrategia del Concello para agilizar los trámites o para presionar a la concesionaria para que realice el sellado.

Según afirman fuentes municipales, la empresa tiene la “obligación judicial” de solicitar la licencia para encargarse del cierre de los vasos y luego ejecutarla. Pero la empresa se opuso al cobro primero por vía administrativa (que el Concello desestimó por silencio) y, ahora, a través de un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº7 de la ciudad. La Junta de Gobierno Local de este miércoles aprobará que el Ayuntamiento dé la batalla judicial.

Albada presentó un proyecto para sellar los vasos que recibió el visto bueno de la Xunta en 2010, pero no del Ayuntamiento, pues pretendía que el coste, que se estima que rondará los 3,6 millones, recayese sobre las arcas municipales. Esta cuestión de fondo, que sigue abierta, lleva a que la empresa haya evadido realizar los trabajos. El Gobierno gallego le dio una fecha límite a la concesionaria, el 1 de julio de 2017, que no se cumplió, y la multó con 60.000 euros en 2018 y con otros 20.000 en 2021 por no hacerlo. El mes pasado, la conselleira de Medio Ambiente. Ángeles Vázquez, afirmó que “se está produciendo un delito medioambiental”.

Mientras, la empresa ha intentando escapar a la obligación de la obra por vía judicial. El año pasado, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimó dos recursos de Albada contra resoluciones de la Xunta que le instaban a sellar los vasos. Admitía que no le correspondía “entrar en las disputas mantenidas entre la concesionaria y el Ayuntamiento” sobre es el responsable de la obra (en todo caso la empresa podría realizarla y luego pedirle el coste al Concello), pero defendía que esta es necesaria.

En noviembre del año pasado, el Concello aprobó el proyecto de sellado y requirió a la empresa para que lo realizase lo más pronto posible, pero esta presentó un recurso de reposición, desestimado por el Concello, para evadirlo. Alega que, como el contrato expiró el 31 de diciembre de 2019 y desde entonces está en precario, no se le pueden pedir “nuevas obligaciones” además de las precisas para que funcione el servicio, e insiste en que los trabajos los debe pagar el Concello. El Ayuntamiento insiste en que Albada explotó los vertederos hasta el fin de su vida útil, por lo que “es responsable” de cerrarlos.

Dos empresas denuncian al Concello por prórrogas forzosas

La empresa Clece, una de las que prestaban el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) hasta el mes de abril, y Althenia, la que se encargaba de ejecutar el contrato de mantenimiento de jardines renovado este año, han denunciado al Concello por obligarles a continuar prestando los servicios más allá de la extinción de su contrato hasta que se asignó el nuevo, una modalidad legal conocida como prórroga forzosa. De acuerdo con la documentación de la Junta de Gobierno Local de hoy, que aprobará oponerse a ellas en los tribunales, las compañías protestaron primero contra la prórroga por vía administrativa, y, al ser rechazada, recurren ahora a los tribunales a través de lo Contencioso-Administrativa. Actualmente el Supremo está juzgando si el Ayuntamiento debe indemnizar a otra de las concesionarias del SAD, la empresa OHL Servicios Ingesan, por prorrogarle el contrato, un caso que sentará doctrina en toda España.

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