El bono alquiler, a revisión
En la nueva convocatoria, a principios de año, la Xunta analizará si eleva el límite para solicitarlo
Ahora se sitúa en 600 euros, inferior al precio medio del alquiler en la ciudad
Para poder recibir las ayudas estatales del bono alquiler, que gestiona la Xunta, el pago por el arrendamiento no puede superar los 600 euros, mientras que el precio medio en la ciudad es de 613, según el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) y hay zonas, como el Ensanche, donde roza los 800 euros. Fuentes de la Xunta avanzan, a preguntas de este medio, que “a principios de año y con vistas a las nuevas convocatorias”, se revisará el bono como se hace “siempre con los distintos programas del IGVS”.
De esta forma, a principios de 2024 “se analizará la situación, teniendo en cuenta también que estamos hablando de precios medios y que el importe de los alquileres no es igual en todas las ciudades gallegas”, añaden desde la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda.
El tope de 600 euros para poder pedir estas ayudas fue fijado el año pasado por el Estado, aunque el Real Decreto que establece el programa señala que las comunidades y ciudades autónomas pueden “incrementar este límite máximo” hasta los 900 euros mensuales. Para ello, es necesario justificarlo con “estudios actualizados de oferta de vivienda en alquiler que acrediten tal necesidad”. Si esto se modifica será en la próxima convocatoria, ya que la actual, recuerda el Gobierno autonómico, “ya está resuelta y, por lo tanto, no se puede revisar nada”.
Este bono alquiler cubre hasta la mitad del importe, pero solo se concede si la renta del solicitante no supera una determinada cantidad. Hay que tener en cuenta, no obstante, que el precio del alquiler en la ciudad ha subido un 6,5 %. En el portal inmobiliario Idealista, si se limita el precio a 600 euros solo aparecen 29 opciones de alquiler en A Coruña, mientras que por encima de ese precio hay más de 359 anuncios, con alquileres que rondan los 850 euros. El Concello solicitó hace unos días a la Xunta la declaración de la ciudad como zona de mercado residencial tensionado.
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