Nuevos retrasos en las zonas de carga y descarga del área de bajas emisiones, ahora por las lluvias

Las dos empresas encargadas de la monitorización y sensorización de las zonas peatonales reguladas y zonas de carga y descarga del área de bajas emisiones —en la Marina y Ciudad Vieja— han solicitado una prórroga del plazo de ejecución por no poder avanzar en las obras por las continuas lluvias de los últimos meses. Así se lo han trasladado al Ayuntamiento y hoy la Junta de Gobierno Local autorizará ampliar el plazo hasta marzo de 2024 al entender que los motivos del retraso no pueden ser considerados imputables a las empresas contratistas.

Una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) es una “área en la que el acceso a determinados vehículos está restringido debido a sus emisiones”, según define el Ministerio para la Transición Ecológica, al tratarse de “medidas pensadas para mejorar la calidad del aire”. Esto se llevará a cabo en la Marina y la Ciudad Vieja, pero varios inconvenientes han provocado el retraso de su puesta en marcha. Primero fueron los problemas de abastecimiento de algunos materiales, y ahora las empresas echan la culpa al mal tiempo.

Alumbrados Viarios SA, adjudicataria del lote de monitorización y sensorización de zonas peatonales reguladas —con un presupuesto de 631.770 euros—, solicitó dos ampliaciones del plazo de ejecución. La empresa alegó que no es posible cumplir con el plazo actual “por causas por completo ajenas a su voluntad”. Los motivos del retraso, justifica, son los “aplazamientos en la autorización de la comisión del Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Ciudad Vieja y Pescadería (Pepri) para poder ejecutar los trabajos de obra civil en el entorno de la Ciudad Vieja y la adversa climatología durante los meses de octubre y noviembre que provocó que no se puedan agilizar los trabajos”. El nuevo plazo que se le concede concluirá el 31 de marzo de 2024. Un día antes, el 30 de marzo del próximo año, acabará el que se le otorga a Softled Consulting SL, a la que se adjudicó el contrato de monitorización y sensorización de las zonas de carga y descarga del área de bajas emisiones por 386.297 euros. La contratista pidió tres prórrogas. Las dos primeras por las dificultades de aprovisionamiento y las huelgas de las empresas de logística. La tercera, que es la que aprueba hoy la Junta de Gobierno local, es por las “inclemencias meteorológicas que afectaron a la ciudad en los últimos meses”, lo que hizo que disminuyese el ritmo de trabajo.

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