A Coruña se une a otras 14 grandes urbes contra la “especulación” y el alza del precio de la vivienda

La Federación de Asociaciones Vecinales respalda la Declaración de Barcelona, que enviará al Estado decenas de propuestas como construir un parque de alquiler asequible, frenar la vivienda turística y aumentar los pisos públicos

Vista de A Coruña

Vista de A Coruña / Víctor Echave

Las agrupaciones vecinales de quince de las principales ciudades españolas, entre ellas A Coruña, se han plantado contra la dificultad para acceder a una vivienda. Lo han hecho a través de la Declaración de Barcelona, un documento de 36 páginas que se presentó esta semana y deriva del III Encuentro Vecinal Grandes Ciudades que se celebró en la Ciudad Condal en noviembre: reúne decenas de propuestas que se enviarán a instituciones como el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y que incluyen limitar la especulación y la gentrificación, restringir los desahucios, regular los pisos turísticos e incrementar las aportaciones públicas. La presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de A Coruña y Área Metropolitana, Luisa Varela, explica que su agrupación trasladó la petición de que “se controlasen los alquileres” y que lleva años exigiendo algunas de estas propuestas. Además de la ciudad, se han incorporado Madrid, Barcelona, Valencia, Córdoba, Zaragoza, Palma de Mallorca, Sevilla, Málaga, Murcia, Valladolid, Gijón, Vigo, Bilbao y Elche.

Contra la “especulación”

La declaración reclama combatirla con medidas como prohibir con carácter general la venta de suelo público, incrementar las cesiones a los ayuntamientos por aprovechamientos urbanísticos y aumentar los porcentajes de vivienda protegida, además de eliminar ventajas fiscales para los rentistas y destinar al alquiler al menos el 50% de las reservas de suelo. Varela señala que en la ciudad, en especial antes de la crisis de 2008, “se especuló mucho”.

Pone como ejemplo Someso, donde el Concello expropió terrenos para realizar accesos a Pocomaco y un campo de fútbol abortado que luego se incorporaron a un polígono residencial. “Las empresas están para ganar dinero, pero las administraciones y gobiernos tienen que controlar la especulación”, señala Varela, para “que no se llegue a estos extremos” de nuevo.

Evolución del precio del alquiler

Evolución del precio del alquiler / Hugo Barreiro

Registro de la vivienda vacía

De acuerdo con el último censo, de 2021, en A Coruña hay 20.059 pisos sin ocupantes, cerca del 15% del parque total, uno de los porcentajes más altos de las principales ciudades españolas, y Varela señala que “no se puede dejar que haya viviendas en desuso y que se deterioren”.

Actualmente, la estadística de viviendas vacías se actualiza cada década, pero el documento firmado por quince ciudades incluye la “creación obligatoria de un registro municipal” en urbes de más de 50.000 habitantes, lo que afectaría a A Coruña, algo que Varela señala que le parece “adecuado” para fiscalizar la situación. La declaración de Barcelona también propone posibles intervenciones municipales en pisos que lleven desocupados un año, con alternativas de uso imponerles un arrendamiento forzoso. La presidenta de la federación vecinal indica que el Concello ha puesto en marcha un programa para expropiar edificios en ruinas cuyos propietarios no cumplan con sus obligaciones urbanísticas, iniciativa que ve positiva.

Viviendas de uso turístico

La Declaración de Barcelona propone varias medidas para limitarlas y controlarlas, entre ellas la aprobación de ordenanzas municipales, dentro de sus propuestas para controlar la gentrificación. La Federación de Asociaciones Vecinales coruñesa participa en una mesa municipal para regular en estos establecimientos, aún sin ordenanza específica en la ciudad.

El Ayuntamiento declaró que las consideraría negocios, limitándolas con carácter general a edificios específicos, bajos y primeros, y Varela respalda que “hay que controlar” estas viviendas y que los propietarios tienen que “acatar” las restricciones municipales. La Federación, explica, preguntará próximamente a las asociaciones que la componen “si quieren aportar algo” a la ordenanza que se está estudiando.

Inversión pública

Tras más de una década sin promociones de las administraciones, la Xunta acabó de construir el año pasado un edificio de 40 viviendas para alquiler social. Pero las promociones públicas proyectadas por el Gobierno gallego y el local cubren una parte muy pequeña de la demanda, y aumentar el parque público es una demanda recurrente de las agrupaciones profesionales, la patronal inmobiliaria y las entidades sociales de la ciudad. Entre ellas la propia federación vecinal, que, recuerda Varela, lo lleva “pidiendo desde hace muchos años”.

La Declaración de Barcelona reclama elevar la inversión pública en vivienda al 2% del PIB, recuperar los 77.000 millones de euros del rescate bancario para destinarlos a pisos sociales y crear tanto un parque de “vivienda asequible de alquiler” como uno para personas en situación de urgencia o vulnerabilidad. “El dinero que se dio a los bancos es de todos los españoles”, defiende Varela, que pide pisos públicos “sobre todo de alquiler” como contrapeso a los altos precios “que está habiendo hoy en día” en el mercado privado.

Reforma fiscal

Las entidades vecinales piden subir los tipos del IBI, transformándolo en “un impuesto progresivo”, esto es, que grave más a las rentas más altas, si bien estas propuestas se formulan en términos generales. Varela admite que es un asunto “complicado” pues hay gente a la que “le cuesta mucho” pagar, aunque “los que tienen más viviendas no me dan tanta pena”, por lo que defiende la progresividad.

Eliminar desahucios y garantizar la vivienda

La Declaración propone eliminar todos los desahucios si no se da una alternativa de vivienda, algo que Varela considera positivo si excluye a los ocupantes ilegales, e introduce una Ley de Garantía Efectiva del Derecho a la Vivienda que permita reclamar este ante los tribunales, algo sobre lo que la presidenta vecinal tiene más dudas, a la espera de una propuesta más concreta. También hay un proyecto para obligar al que compre un piso a residir en él los siguientes cuatro años: Varela afirma que “se debe ocupar la vivienda”, aunque admite que uno puede comprarla para alquilar.

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