Los nietos del dictador Francisco Franco deberán entregar provisionalmente el pazo de Meirás el 10 de diciembre a las 11.00 horas y solo podrán retirar del inmueble los “objetos de estricto uso personal” o aquellos que, “por sus características, nada aporten a la significación del pazo como Bien de Interés Cultural”, siempre que “su retirada en nada comprometa sus posibles usos definitivos” .

Es, en resumen, el contenido del auto del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña que rechaza íntegramente las alegaciones de los Franco y acepta la petición del Estado, Xunta de Galicia, Diputación de A Coruña y ayuntamientos de Sada y A Coruña de declarar a la Administración General del Estado depositaria cautelar de los bienes hasta que haya una sentencia definitiva sobre la titularidad del pazo de Meirás. El auto no es firme y los Franco pueden presentar recurso ante la Audiencia.

La jueza Marta Canales se ratifica en el auto del pasado 9 de noviembre en el que ordenó realizar un inventario de todos los bienes y prohibió retirar ningún elemento del inmueble sin su autorización expresa. Rechaza las alegaciones de los Franco, que exigieron la revocación de esta medida cautelar al considerarla “improcedente” y un ataque a la intimidad de la familia. La magistrada considera más que fundamentadas las razones de urgencia que le llevaron a ordenar un inventario e incide en que fueron los propios nietos del dictador los que “provocaron” la medida, en alusión a una noticia de La Razón que, citando a fuentes próximas a la familia, avanzaba el inminente “vaciado” del pazo.

“La urgencia surge cuando los demandados, diciendo que van a entregar el pazo, previamente quieren proceder al traslado de los bienes en cincuenta camiones, que sin duda son muchos camiones, lo que se traducía en un vaciado de no se sabía qué”, argumenta la jueza en su auto. Antes de consentir la retirada de ningún elemento, incide, “era necesario saber qué existía en Meirás”: “De no haber adoptado las medidas cautelares, [...] los bienes habrían, simple y llanamente, desaparecido. Por eso las medidas son cautelares, urgentes y sin audiencia”, defiende en respuesta a las alegaciones de los Franco. La jueza pone el acento en que los nietos del dictador en ningún momento negaron que fuese cierta esta información, por lo que el “riesgo sí existía”.

El juzgado concluye que la realización del inventario era necesaria para “asegurar la ejecución de la sentencia” en un futuro y considera también adecuado que sea el Estado el depositario cautelar de los bienes que atesora el pazo . “Su necesidad surge tras la entrada en Meirás el 11 de noviembre ante todos los bienes que allí se encontraron. ¿Cómo no va a quedar el Estado de depositario cuando existen preceptos legales que en principio le pueden permitir defender que hay bienes que sí forman parte de la ejecución de la sentencia y cuando los demandados querían retirar todos los bienes?”, se pregunta.

La magistrada aclara en su auto que la declaración del Estado como depositario no implica un reconocimiento posesorio. Apunta que “no tiene sentido abrir” el debate sobre la titularidad de los bienes muebles o sobre qué elementos deben entenderse integrados en la sentencia que ordena la devolución del pazo al Estado hasta que el fallo adquiera firmeza. “Mañana la sentencia puede revocarse siendo un debate estéril”, concluye. Tampoco ve procedente la alusión de los Franco en la vista a un posible pago a cambio de dejar provisionalmente los bienes en el pazo. “La cuestión del precio, sin duda sorpresiva, ni tan siquiera fue respondida por parte de la Administración General del Estado”, se limita a decir al respecto.

“No es el momento de afirmar o descartar que todos los bienes que están en Meirás pertenecen al Estado o a los demandados. Primero tendrá que decir el Estado qué bienes mantiene que son suyos y, dicho esto, los demandados podrán aceptarlo o negarlo”. Será en fase de ejecución de sentencia, si es que se confirma que los Franco deben devolver el inmueble, cuando deberá determinarse la extensión de la obligación de entrega y dilucidarse cuáles son las partes integrantes que conforman el inmueble, cuáles son los elementos accesorios que deben entregarse con el pazo y cuáles, por intención de su propietario, se han vinculado de forma definitiva al inmueble.

La jueza ha accedido a posponer la salida de los guardeses, que tienen su vivienda principal en Meirás, hasta el 15 de enero de 2021.

A solo cinco días de la entrega provisional de Meirás, quedan todavía muchas incógnitas por despejar. La Consellería de Cultura entregó ayer el inventario de bienes del pazo al juzgado, un documento crucial para resolver la pregunta que surge ahora: “¿qué bienes deben permanecer en Meirás por su vinculación al BIC o a los futuros usos que se planteen?. El Concello de Sada solicitó sin éxito un complemento del auto que ordenaba realizar el inventario para que detallase qué bienes o conjunto de bienes están asociados y fundamentan la declaración de Bien de Interés Cultural en la categoría de sitio histórico. La Xunta, que tiene las competencias, se opuso.

Carmen Calvo emplaza a Xunta, Diputación y concellos de Sada y A Coruña a una reunión

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha emplazado a los representantes de todas las administraciones que participan en el proceso de recuperación del el pazo de Meirás a una reunión. El encuentro se celebrará el 9 de diciembre, un día antes del fijado para la entrega del inmueble al Estado. En una misiva remitida a Xunta, Diputación y los ayuntamientos de Sada y A Coruña, la ministra apunta a la conveniencia de mantener una reunión las partes “interesadas en el destino y posibles usos que se dé al pazo de Meirás”. El encuentro se celebrará a las 17.30 en la Delegación del Gobierno en A Coruña. El Concello de Sada expresó ayer su satisfacción por este encuentro para acordar usos y destinos de As Torres. El alcalde, Benito Portela, recordó que hace unos días pidió por carta al Gobierno y al resto de administraciones un acuerdo conveniado para la gestión del pazo. “El Gobierno atiende ahora la petición y estoy seguro de que a la mayor brevedad posible el pazo abrirá sus puertas a la ciudadanía”, apuntó el regidor. En la reunión del día 9, el Concello de Sada manifestará otra vez su disposición a asumir la gestión conveniada de la apertura y visitas al pazo. Avanza que en los itinerarios se deberá explicar cómo se hizo Franco con la propiedad. “El pazo de Meirás, como sitio histórico, debe ser un lugar de memoria histórica democrática, de lo que fue el franquismo y la historia del propio pazo, así como de la referencia de Emilia Pardo Bazán, su vida y obra”, defendió Portela, que apunta además a la posibilidad de acordar otros usos dotacionales.

El debate ineludible: ¿Qué bienes forman parte del BIC?

El auto que declara al Estado depositario cautelar de los bienes apunta a la necesidad de preservar todos los bienes muebles y accesorios que conforman a día de hoy el pazo de Meirás “como unidad”. Es decir, engloba el continente y contenido, y solo permite retirar aquellos elementos que “nada aporten a la significación” de As Torres como Bien de Interés Cultural. Se trata de una salvedad importante, que obliga a despejar una duda que sobrevuela desde que los Franco anunciaron la mudanza: ¿Qué bienes están vinculados al sitio histórico del pazo de Meirás? El Concello de Sada ha insistido reiteradamente en este punto. El decreto de declaración de As Torres de Meirás como Bien de Interés Cultural de 2008 apenas aporta datos, más allá de la existencia de “muebles de época, cuadros, tapices, armas y pergaminos”, “anaqueles llenos de libros y documentos cuyo valor se desconoce” y un “interesante retablo de madera” de la capilla. El Ayuntamiento de Sada pidió un complemento del auto para que el inventario concretase qué bienes o conjunto de bienes están asociados y fundamentan la declaración de Bien de Interés Cultural en la categoría de sitio histórico. Solo los Franco y Xunta, que tiene las competencias en patrimonio, se opusieron. La jueza denegó la petición por motivos formales, pero matizó que es una información que pueden intercambiar las administraciones.