Memoria histórica asimétrica y selectiva

La memoria histórica vuelve a ser objeto de polémica a consecuencia del informe elaborado por el relator especial de la ONU sobre Verdad, Justicia y Reparación, el relator de Ejecuciones Extrajudiciales, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas y la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH a raíz de la petición del Gobierno de España en relación con las llamadas Leyes de Concordia impulsadas por PP y Vox en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León que pretenden derogar las normas regionales de memoria democrática. Según el documento, que no es un informe oficial de las Naciones Unidas por mucho que lo quiera hacer ver el gobierno socialista en un comportamiento que recuerda mucho al del independentismo durante el procés, se afirma que esas normas podrían vulnerar aspectos de diversos tratados internacionales suscritos por España, concretamente el Pacto internacional derechos civiles y políticos y la Convención Internacional para la protección de todas las personas y contra las desapariciones forzadas. Se argumenta que las políticas de memoria son obligaciones de derecho internacional, que su derogación dificultaría la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de los derechos humanos, que podría suponer límites en acceso al paradero de las víctimas de la Guerra Civil o el franquismo e invisibilizarlas, que el hecho de evitar nombrar o condenar el régimen franquista supone alentar teorías revisionistas o negacionistas sobre la contienda y el régimen dictatorial.

Este es otro episodio en la disputa entre distintos sectores ideológicos desde que en 2007 José Luis Rodríguez Zapatero impulsó la Ley de Memoria Histórica, a cuya parte del articulado el PP se opuso, y que ha arreciado con la aprobación en 2022 de la Ley de Memoria Democrática con la oposición del PP y de Vox. Y ello se explica a que la memoria histórica, apuntaba Stanley Payne, tiene poco de memoria y poco de historia. Es más bien una interpretación de los hechos con intencionalidad política y con la pretensión de convertirse en verdad oficial susceptible de generar discrepancias. Numerosos historiadores, como Tony Judt en Olvidado siglo XX, Tzvetan Todorov en El abuso de la memoria alertaron de ese riesgo así como de que un exceso de memoria podrían desencadenar el resurgimiento de viejos rencores y odios. Frente a ello David Rieff, primero en Contra la memoria y luego en Elogio del olvido concluyó que en determinados casos resultaba imposible la convivencia si no se dejaba actuar al olvido.

Asumiendo la obligación de cumplir los mandatos internacionales y la voluntad de preservar en la memoria las violaciones de los derechos humanos cometidos en la Guerra Civil y el franquismo para honrar a las víctimas y evitar la repetición de los hechos, es necesario abordar esta cuestión de manera más consensual a riesgo de exacerbar las divisiones, tal y como advierte Rieff. Y para ello es preciso superar las asimetrías. Porque si durante largo tiempo las víctimas republicanas fueron silenciadas ahora algunos tienen la percepción de que las silenciadas son las otras porque el franquismo ya las restituyó. Sin olvidar además que la importancia que se da a la vieja memoria minimiza y silencia la más reciente, como la relacionada con el terrorismo etarra. Un buen ejemplo de ello es la interpretación de que las recientes elecciones vascas han implicado pasar página, una interpretación que sorprendentemente hacen los mismos que se resisten a pasar página de un pasado aún más lejano.

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