El IMCE tramita el pago de 2,5 millones de euros en facturas pendientes de 2023

El Gobierno local ha comenzado la tramitación del pago de 2,5 millones de los 3,6 millones pendientes de abono por facturas de 2023 en el Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE). El consejo rector de este organismo autónomo municipal, que ejecuta la mayoría de las acciones culturales y de fiestas del Ayuntamiento, aprobó hoy este pago con el voto a favor del PSOE, en contra del PP, la abstención del BNG y un informe desfavorable de la Intervención municipal. Para hacer efectivo este abono, antes deberá ser aprobado por el pleno.

Los 2,5 millones de euros necesarios para hacer frente a estas facturas saldrán, según la propuesta del Ejecutivo, del presupuesto del IMCE de este año. La mayor parte de ese importe, 1,8 millones, se retirará de la partida para fiestas.

Intervención señala en su dictamen, preceptivo pero no vinculante, que estos gastos se comprometieron sin ser sometidos a su control, sin existir crédito suficiente y sin cumplir la normativa de contratación. También indica que falta un informe jurídico y que “la lógica y la igualdad de trato obligaría a que se tramitaran simultáneamente la totalidad de las facturas”, para saldar la deuda de 3,6 millones con los 413 acreedores del IMCE de 2023.

El concejal de Fomento y Promoción de la Ciudad, Gonzalo Castro, negó ayer que se trate de facturas irregulares y dijo que “tienen como objeto la prestación de servicios relacionados con la programación cultural, prestados de acuerdo a los precios de mercado. Corresponden, dijo como ejemplo, a cachés de artistas y a gastos en producciones culturales.

El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, aludió al informe “demoledor” de Intervención y remarcó que las facturas “corresponden a gastos sin seguir la normativa de contratación, en muchos casos de manera verbal, el famoso ‘ti vai facendo’, y sin presupuesto para pagarlas”.

La edil del BNG Mercedes Queixas justificó su abstención, que “no prejuzga el sentido de voto en el pleno”, por el dictamen de intervención y por la ausencia de un informe jurídico. “Nos preocupa la inseguridad jurídica del IMCE y la cantidad de personas de la cultura que aún no han cobrado por su trabajo”.