Treinta años a la espera de construir

Desde que el Concello decidió trazar el paseo marítimo en las proximidades de la Torre de Hércules, quienes fueron propietarios de aquellos terrenos esperan para poder edificar, ya que el suelo que se les dio como compensación fue incluido en la zona de protección del faro. El conflicto no concluirá hasta que se apruebe el Plan Especial del Parque de la Torre, que debe solucionar los problemas surgidos.

La expropiación. En 1993, el Concello presidido por Francisco Vázquez llega a un acuerdo con los propietarios de terrenos necesarios para la construcción del paseo marítimo entre el dique de abrigo y la playa del Matadero para compensarles la expropiación con suelo en el Agra de San Amaro en el que podrían edificar. La iniciativa queda pendiente de que se concrete en un convenio entre las dos partes y de que se modifique el plan general, en el que debía figurar una edificabilidad de 1,5 metros cuadrados construidos por cada metro cuadrado de suelo. Pero hubo que esperar hasta 1998 para que el plan general aprobado ese año incluyese la edificabilidad concedida, que además se rebajó a 0,8 metros cuadrados, casi la mitad de la prometida. Los afectados reclamaron y en algunos casos lograron acuerdos con el Concello para resolver este conflicto.

El convenio. Hubo que esperar hasta 2006 para que los pactos suscritos se plasmasen en un documento urbanístico en el que se reconoció que los terrenos expropiados tenían un valor de 6,5 millones de euros que sería compensado con 6.221,38 metros cuadrados de suelo urbanizado y 4.798 sin urbanizar en el Agra de San Amaro.

La prohibición. En 2009 la Unesco incluyó a la Torre de Hércules en el listado del patrimonio de la humanidad, lo que hizo que su entorno recibiese protección con el fin de permitir que pueda ser contemplada sin obstáculos. Eso llevó a la Xunta a prohibir la construcción en el Agra de San Amaro, pese a lo cual algunos de los propietarios del suelo presentaron solicitudes para edificar que fueron denegadas por el Concello para cumplir la orden del Gobierno gallego.

El plan general. En 2013 se aprobó la nueva normativa urbanística municipal, que contiene la previsión de la elaboración del Plan Especial Parque de la Torre de Hércules. En el mismo se reconoce una edificabilidad de 37.171 metros cuadrados a los propietarios del suelo, en edificios de bajo y cinco plantas, a distribuir por una ordenación posterior de de la zona, en la cantera de Durmideiras. En la ordenación de 2002, que se incorporó a la versión anterior del plan general (2009) y que luego se cambió, se reconocía la posibilidad de cinco bloques de ocho plantas.

La alternativa. El Gobierno local del Partido Popular planteó en 2012 trasladar a la cantera de Durmideiras la edificabilidad autorizada en Agra de San Amaro, y así figura aún en el plan general, pero ni la asociación de vecinos de Monte Alto ni la oposición municipal respaldaron esa propuesta, que fue rechazada también por los promotores, ya que los 333 pisos previstos eran menos de los que podrían construirse en el polígono original. Ya cerca de las elecciones municipales de 2015, el PP se apartó de este diseño y señaló que se trendría que replantear, una modificación que nunca se llevó a cabo. Durante el Gobierno local de Marea Atlántica, el BNG consiguió en 2016 que el pleno apoyara por unanimidad que se modifique el plan general para impedir que se construya en la cantera.

El Superior ratifica que los dueños del Agra de San Amaro conservan edificabilidad en la zona

Los recursos. La imposibilidad de edificar en Agra de San Amaro y la ausencia de una alternativa por parte del Concello animó a los promotores a presentar recursos en los tribunales ante el perjuicio que consideran que se les causa. En 2016, la inmobiliaria Santiago Sur consiguió que el Concello le compensase con 357.737 euros por el retraso en la búsqueda de una solución, a lo que se suman 25.000 euros anuales hasta que se consiga. Otra empresa, Galitorre, ganó el pleito en el que reclamaba 1,4 millones de euros. El fallo, sin embargo, fue minimizado por el Superior, que redujo la cuantía a 520.033,11 euros más los intereses. Un tercer propietario también recibió una sentencia favorable que obligó al Concello a pagarle 148.000 euros, a los que se añaden 25.000 cada año hasta que se solucione el conflicto. Estos fallos movieron al Concello a buscar un pacto con los afectados que no llegó a alcanzarse.

La réplica municipal. La advertencia efectuada por el interventor del Concello acerca de los pagos a los propietarios del suelo hizo que el Gobierno local plantease en los juzgados que Santiago Sur había perdido su derecho a edificar. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de sentenciar que esa promotora continúa disponiendo de esa edificabilidad porque la cantidad recibida es una compensación por el retraso y no una renuncia al derecho a edificar, como en el caso de Galitorre. También afeó al Concello que no tenga prisa en aprobar el documento urbanístico que debe poner fin al conflicto.

El plan especial. El Gobierno local licitó este año la redacción de la normativa para el entorno de la Torre de Hércules, pero solo se presentó una empresa que fue excluida, por lo que tuvo que volver a convocar el concurso. Contratación se decantó por la oferta del estudio de arquitectura Alfonso Botana, que recibirá la adjudicación en los próximos días. El pliego de condiciones señala que este plan debe establecer la protección a Torre de Hércules y su entorno por estar incluida en el patrimonio mundial, cumplir las condiciones del plan de conservación del Espazo Natural de Interese Local de la Torre y las sentencias judiciales sobre los recursos presentados por los propietarios del Agra de San Amaro. Pero también tendrá que dar “alternativas técnica y económicamente viables” a la edificabilidad que el plan general reconoce a los promotores en ese lugar, así como a la decisión de no construir en la cantera de Durmideiras para cumplir el acuerdo del pleno. Dados los plazos legales fijados para la tramitación de un texto urbanístico de este tipo, es previsible que no esté aprobado durante el presente mandato municipal.

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