El juez suspende la vista en la que los acusados de matar a Bello pedían la libertad condicional

Los tres policías filipinos acusados de asesinato y manipulación de pruebas por la muerte del joven coruñés Diego Bello, abatido a tiros en enero de 2020 en el país asiático, no tendrán por el momento la libertad condicional que habían solicitado. La vista para tratar la cuestión, que iba a celebrarse ayer, ha quedado suspendida por decisión de un tribunal filipino, el Regional Trial Court de la región de Suragao. También se han suspendido otras vistas previstas para hoy y mañana, y una cuarta para el 29 de agosto.

Según señalan fuentes de la familia, que se presentó como acusación particular, la suspensión deriva de su petición de que el juicio se lleve a cabo en la capital del país, Manila, para evitar presiones. Así, el tribunal “aplaza la decisión hasta conocer la decisión de la Corte Suprema” del país asiático. El documento del auto, al que ha tenido acceso este diario, señala que suspende las citas judiciales porque las pruebas que se presenten en ellas formarán, “muy probablemente”, parte del caso principal, por lo que considera que lo mejor para los implicados es que todo lo escuche un mismo juez o tribunal.

Sin embargo, el auto, fechado el pasado viernes, también indica que si no hay una resolución acerca del traslado a lo largo del mes de agosto se procederá a realizar los actos judiciales previstos para septiembre, con lo que no deja claro si los acusados podrían realizar la petición de libertad condicional a lo largo de este mes.

Aunque el tribunal “no entra a valorar la petición”, señala la familia, esta defiende que “la ley filipina prohibe textualmente la concesión de libertad bajo fianza a acusados en casos de asesinato como este”, y recuerda que los policías, que ahora se encuentran en prisión provisional, estuvieron en busca y captura durante diez meses antes de entregarse en febrero de este año. Si se concede libertad condicional a los acusados, consideran los familiares de Bello, el juicio podría alargarse o incluso no llegar a ocurrir.

Tras la muerte de Bello, los policías afirmaron que este vendía estupefacientes y que lo abatieron junto a su vivienda después de que les disparase en una operación contra el narcotráfico. Esta versión quedó puesto en entredicho por los informes de la Comisión de Derechos Humanos filipina y el NBI, un órgano creado a semejanza del FBI estadounidense. Este último acusó a los tres imputados de abatir a Diego Bello a sangre fría y, después, mentir y manipular las pruebas para que pareciese que el coruñés portaba armas y drogas en el momento de su muerte.