Casi dos tercios de las sucursales bancarias de A Coruña han cerrado desde 2007 hasta ahora

La crisis, la concentración empresarial y la apuesta de las entidades financieras por dar cada vez más servicios de manera online y reducir el personal de cara el público ha diezmado las oficinas de las entidades financieras en la ciudad. De acuerdo con el Instituto Galego de Estatística, que tiene datos desde hace veinte años, a inicios de siglo el número de oficinas bancarias iba subiendo, y alcanzó las 310 en 2007. Al año siguiente estalló la burbuja inmobiliaria, y el número de oficinas ha ido cayendo todos los ejercicios, hasta llegar a las 112 del año pasado, el último con datos. En tres lustros han desaparecido casi 200 oficinas, algo que, según denuncian las secciones de jubilados de los sindicatos y los colectivos de pensionistas, perjudica sobre todo a las personas mayores, que en muchos casos precisan de la atención presencial de un empleado.

“Estamos en la misma situación que se viene dando desde hace daños, un apagón financiero para los jubilados: no solamente se cierran oficinas, sino que en ocasiones se sacan los cajeros”, afirma Ramiro Otero, coordinador de la comisión gestora de pensiones y jubilados coruñesa de Comisiones Obreras. El Gobierno ahora en funciones dio pasos para mejorar la atención de la banca hacia los mayores, como una reforma de la ley de protección de los consumidores en 2022 o la iniciativa de crear una Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, ahora en tramitación. Otero, sin embargo, considera necesaria mayor “cumplimiento” en la práctica, e insta a la Administración a “actuar” de manera efectiva.

El Estado obliga a los jubilados a depender de los bancos para cobrar, pues la pensión tiene que estar domiciliada en una entidad, y lo mismo, indica Otero, hacen “las grandes empresas del IBEX o los ayuntamientos” que fuerzan a tener una cuenta para pagar recibos básicos como la luz, el teléfono o el agua. “Las personas no tienen otra vía, y hay un abuso de los poderes bancarios, que cobran los servicios a personas con nóminas que no lleguen a una cantidad determinada”, indica el miembro de Comisiones Obreras.

“Los bancos tienen el visto bueno, la bendición papal, su mayor defensor es el Banco de España”, protesta Manuel Santiso, el secretario general de la unión de jubilados y pensionistas de UGT en la comarca de A Coruña, que protesta ante la falta de oficinas en “barrios populares” como Os Castros y Monte Alto. En la calle de la Torre, afirma, había hace no tanto varias sucursales, y los clientes de un determinado banco que cerró la oficina que tenía allí tienen ahora que desplazarse hasta los Cantones, algo dificultoso para personas con problemas de movilidad. “Obligan a desplazarse a la gente por comodidad de ellos y sacar más rendimiento”, critica Santiso, que añade que los bancos están obligando a los pensionistas a ir a los cajeros, “que no todo el mundo tiene capacidad para utilizar” , y recortando las horas en las que dan servicio sin que las administraciones “les digan nada”.

El sindicalista también denuncia que los bancos están ahora cobrando gastos a los jubilados y a los que reciben una pensión por invalidez a cambio de tener la cuenta que están obligados a mantener para cobrar del Estado: “Quince euros al trimestre, son 60 euros al año, y somos diez millones y medio de pensionistas”. La solución, en su opinión, es establecer un ratio de sucursales en base al número de habitantes de un barrio, “como las farmacias”, y explica que en septiembre su colectivo tendrá una reunión en la que estudiarán movilizaciones por la situación.

También ha realizado protestas contra esta situación la CIG, y el portavoz de su colectivo de jubilados y pensionistas en A Coruña, Victorino Ares, señala que “las haremos este año otra vez” ante la “falta de alternativas” que hay en el país para los pensionistas. “Vivimos en un sistema que nos obliga a tener una cuenta y dentro del que solo puedes cobrar una pensión en el banco”, razona Ares, por lo que debería garantizarse un servicio a los usuarios. En otros países europeos, señala, “aparte de las bancarias hay otras oficinas, como aquí las de Correos, en las que puedes cobrar tu pensión”.

Además del “bestial cierre de oficinas pese al gran aumento de beneficios” para las entidades financieras, Ares denuncia que en las sucursales que quedan abiertas “te recomiendan que pases por el cajero, que hagas las gestiones vía online o por teléfono”. Al igual que en el caso de UGT, Ares denuncia que la situación es especialmente grave en el rural. Y “nadie da otra alternativa que no sea contratar a una gestoría o recurrir a un familiar o un amigo” para una persona que haya perdido facultades, explica Ares.

Asistentes para ir al banco

Y Juan José Lojo, administrador del Grupo de Pensionistas de Cigarreras, Tabaqueros y Personas Mayores, señala que esto es un “riesgo”, Deja a las personas con problemas de memoria o movilidad en una situación de “indefensión”, pidiendo la ayuda de desconocidos en el cajero o reclamando asistencia de un vecino que “puede ser bueno o malo”. Reclama que haya servicios municipales de asistencia social para cobrar la pensión, con profesionales que den atención segura a personas que están solas.

Lojo también vería positivo que los mayores tuviesen más “participación política” y recuerda que su grupo promovió mociones ciudadanas en el pleno del Concello y de la Diputación, además de acudir a la Valedora do Pobo. En abril del año pasado, la Corporación municipal apoyó unánimemente una declaración contra la exclusión financiera y los abusos hacia los mayores, así como una moción del BNG en este mismo sentido. El Banco de España, señala Lojo, advirtió del peligro de la digitalización bancaria para las personas mayores.

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