Regular los pisos turísticos con el plan general de A Coruña permite cerrar parte de los que ya están abiertos

La patronal critica que el Concello vaya a “eliminar” estos establecimientos fuera de edificios especiales en el centro, o primeros y bajos en los barrios | Los arquitectos, los hoteles y la Asociación de Inquilinos defienden la restricción

Edificio con viviendas de uso turístico en la Franja.

Edificio con viviendas de uso turístico en la Franja. / Víctor Echave

El Ayuntamiento de A Coruña pedirá a la Xuntaque “aplique” las restricciones de la normativa urbanística coruñesa ya en vigor a la hora de inscribir nuevos pisos turísticos en la ciudad para “evitar que se sigan registrando” en inmuebles en los que está prohibido realizar usos terciarios. El edil de Urbanismo, Francisco Dinís Díaz, explicó ayer este nuevo criterio, que traslada a A Coruña la jurisprudencia establecida por el Superior para Pontevedra y Santiago, antes de participar en una mesa de debate con la patronal del sector, colegios profesionales y entidades sociales: de esta forma se impide que abran nuevas viviendas fuera de bajos, primeras plantas o edificios solo para ese uso (y en la zona de Ciudad Vieja y Pescadería, dentro del plan especial Pepri, solo se podrá en inmuebles exclusivos). Y, aunque el edil dejó en el aire qué pasará con las viviendas turísticas existentes, indicando que “es un tema que se trabajará en la mesa y hablaremos dentro del Gobierno municipal”, varios participantes en la reunión interpretan que llevará al cierre de los establecimientos en funcionamiento fuera del plan.

Entre ellos se encuentra la asociación de propietarios, Aviturga, cuya presidenta, Dulcinea Aguín indica que trasladarán a sus socios “que se propone la eliminación de las viviendas de uso turístico en beneficio de los hoteles”. La decisión municipal de considerar las viviendas turísticas como de uso terciario, de acuerdo con Díaz, se debe a sentencias en este sentido referentes a Santiago y Pontevedra que se llevan emitiendo desde 2021, y que, según el edil, “son claras”: este tipo de pisos, más de 1.000 en la ciudad, son negocios y deben someterse a la misma norma que estos, de acuerdo al plan general. Y, de la misma forma que no se puede abrir un hostal en un quinto piso, tampoco un piso turístico. Si el Concello no los manda cerrar y la Xunta, que regula su registro, tampoco, todavía podría haber denuncias de particulares que forzasen a ello.

Pero para Aguín, esto es “una decisión única y exclusivamente política, no hay ningún fallo de A Coruña”, y “podemos traer sentencias de Oviedo” que fallaron en sentido contrario. “Cuando dicen a la Xunta que aplique la normativa están ilegalizando por vía de facto”, defiende la presidenta de Aviturga, que se queja de que no ha habido “diálogo” y que “se lesionan los derechos de un colectivo sin informe ni motivación”. “Muchos propietarios defenderán sus intereses”, indican desde Aviturga, al tiempo que consideran que la situación “se va a judicializar”.

Para la presidenta de la delegación coruñesa del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Ruth Varela, también presente en la reunión, aplicar las normas del plan general “es un criterio racional”, y “da igual si venías incumpliendo la normativa o no la quieres cumplir: yo no puedo montar una discoteca o una industria en mi casa”.

Para Varela, “tenemos un problema encima de la mesa” con las viviendas de uso turístico, e, independientemente de su nombre, los espacios “en los que la gente no está con permanencia no son viviendas”, sino negocios como “hoteles o pensiones” con “uso terciario”.

En el encuentro estuvo también presente el director del hotel Finisterre y presidente de la Asociación empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, que cree que la restricción en base al plan general es “un comienzo interesante”. Aunque no opina sobre si los pisos turísticos ya existentes deben cerrarse o no, sí señala que “pedimos la igualdad” entre sus negocios y estas viviendas en cuanto a criterios de fiscalidad y seguridad, por lo que, considera, debe seguir avanzándose en la regulación. “Tiene que haber un control”, argumenta Collazos.

La abogada de la Asociación de Inquilinos, Verónica Urreaga, que también estuvo en el encuentro, ve lógico aplicar la normativa del plan general a los pisos ya existentes. “Considero que la ley, para todos igual, si no pueden estar, no pueden estar”, defiende Urreaga, que señala que incluso en los casos previstos por el plan general “será la comunidad de propietarios la que tendrá que decidir” si permite que se instalen este tipo de establecimientos en su edificio. “Depende de qué tipo de vivienda sea, si está en una zona que puede molestar”, argumenta.

Para la presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña, Patricia Vérez, el debate de la mesa fue “muy intenso” y con “diferentes posturas”. En el municipio, considera, la cantidad de viviendas de uso turístico “no es muy elevada” pero “su crecimiento es exponencial y debe ser regulado como en otras ciudades”. Al igual que el resto de miembros de la mesa, el Concello emplazó al colegio a presentar propuestas para crear una legislación específica, aparte de la aplicación del plan general, algo para lo que habrá una nueva reunión en diciembre.

Vérez reclamó que se aplique “un derecho transitorio” a las viviendas pendientes de registrar y a las ya registradas, que valore que los dueños “han invertido mucho dinero en su rehabilitación y si las cierran supondrá un grave perjuicio económico”, conjugando “el derecho de propiedad y libertad de empresa” con la convivencia y el modelo de ciudad.

“Cambio de criterio”

La vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas, Teresa Suárez, apunta a que sus clientes se sienten “realmente perjudicados con este tipo de normas” y aunque considera que se tienen que regular estas viviendas, cree que la solución municipal “no deja de ser una interpretación de tres sentencias” cuando “a nivel nacional hay otras diferentes”. Su aplicación causa a los dueños una “inseguridad jurídica por el continuo cambio de criterio y falta de ordenación”.

El secretario general de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco), Juan José Yáñez, señala que se abstuvo de opinar de cómo se debería aplicar la norma a los pisos ya existentes, aunque indica que cerrarlos “puede generar derechos indemnizatorios”. Puntualiza que la regulación municipal específica “probablemente tiene que ser muy respetuosa con los derechos adquiridos”.

Y la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de A Coruña y Área Metropolitana, Luisa Varela, cree que “hay que regular” estos pisos y, aunque no entra a valorar si la norma se debe aplicar a las viviendas ya existentes, señala que los dueños abrieron “por su propia cuenta y riesgo”. “Quiero la seguridad de los vecinos: lo que quede en el limbo no es mi problema”, remacha.

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