La entrega provisional del pazo de Meirás al Estado cristaliza una antigua demanda de activistas, colectivos sociales y políticos locales que quedaron relegados a un segundo plano en el acto de traspaso de este inmueble, adquirido en plena Guerra Civil mediante cuestaciones forzosas, descuentos en nóminas y aportaciones públicas por el deseo de las élites coruñesas de medrar al calor de la dictadura.
Muchos de los impulsores de esta conquista celebraban el 10 de diciembre un “día histórico” a las puertas de As Torres. Conocen bien esos muros. Durante años, fueron los únicos que desplegaron pancartas a la entrada de este baluarte del franquismo. No faltaron a la cita Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo, autores del Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio, un libro que vio la luz tras muchos años de investigación y que jugó un papel clave en la demanda interpuesta por el Estado. Otro de los clásicos de las manifestaciones que no se perdió la celebración fue el expresidente la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, Manuel Monge, que se despertó a las siete de la mañana para elaborar un cartel especial para la ocasión.
Allí también estaba, sonriente pese a la pertinaz lluvia, el exalcalde de Sada Abel López Soto (BNG), que impulsó junto con los miembros del bipartito de 2007 a 2011 la declaración del pazo como Bien de Interés Cultural; o el actual regidor sadense, Benito Portela, de Sadamaioría, que era secretario de Alcaldía cuando se tramitó el BIC y que en 2017, ya como mandatario, y con el apoyo de sus socios de BNG y PSOE, aprobó el plan general que preveía la devolución del pazo de Meirás. Mucho antes de que el Gobierno se plantease interponer una demanda, el PXOM de Sada ya mencionaba esta posibilidad y la subsiguiente extinción de los títulos de propiedad. “Salió bien”, celebraba uno de los promotores. El concejal de Urbanismo era en aquel momento Francisco Montouto, designado después representante en la comisión de expertos de la Xunta para analizar las vías para recuperar Meirás. Ana Miranda, que llevó la reclamación al Parlamento Europeo, también festejaba extramuros la devolución al pueblo del inmueble.
Otros prefirieron celebrar la entrega de llaves de Meirás a resguardo de los focos. Todos jugaron un papel, muchas veces ingrato, cuando el consenso parlamentario en Galicia era una quimera y los representantes de los sucesivos gobiernos autonómicos y estatales, fruncían el ceño o alzaban escépticos la ceja en respuesta a las demandas de devolución.
La recuperación, aún provisional, del pazo de Meirás brinda la posibilidad de resignificar este baluarte del franquismo, pero también obliga a refrescar la memoria reciente. A volver la vista a aquellos años en que las manifestaciones congregaban solo a unos cuantos impenitentes frente al portalón de la antigua residencia de veraneo del dictador. Al principio, ni siquiera había consenso entre la izquierda. Los políticos de Sada que defendían la incorporación al patrimonio público de As Torres clamaban entonces en el desierto, aplastados por la mayoría absoluta de un alcalde del PP, Ramón Rodríguez Ares, que siempre presumió de su amistad con los Franco.
La declaración de Bien de Interés Cultural del pazo de Meirás en 2008 supuso un punto de inflexión. La iniciativa partió del Gobierno bipartito de Sada (BNG-PSOE) y fue recogida inicialmente con dudas por los representantes del Gobierno gallego pese a compartir siglas. Lo recuerda el por entonces secretario xeral de la Consellería de Cultura, Carlos Amoedo. La insistencia del BNG de Sada, y más concretamente del alcalde, Abel López Soto, y la concejala de Urbanismo, María Xosé Carnota, fue clave. “Sabíamos que nos íbamos a meter en un jardín, pero no pensamos que fuese a ser tan frondoso”, relata Amoedo, que explica que tuvieron que andar con pies de plomo “para que no naufragase” el proceso, que tenía por principal objetivo abrir las puertas de Meirás al público. La ley de la memoria histórica acaba de nacer y el decreto BIC se abrió paso entre las críticas del PP y la furibunda oposición de los Franco, que recurrieron en los juzgados cada paso de la Xunta.
El por entonces líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se mostraba crítico con el BIC. “No es un pazo”, es una “torre”, alegaba el ahora presidente del Gobierno gallego, que acusaba a PSOE y BNG de desconocer los bienes culturales del territorio: “Si quieren recuperar patrimonios, que recuperen los que corresponden a Galicia”, defendía. Poco podía imaginarse entonces que, trece años después, aplaudiría la devolución al Estado de este pazo, o torre, que quiere ahora convertir en un “faro de la igualdad”.
La apertura del pazo de Meirás en 2011 marcó un hito, pero no supuso el fin de los privilegios de los Franco. La Xunta asumió los primeros años los gastos de vigilancia del BIC por la “singularidad” del inmueble, aunque las críticas le llevaron a dar un paso atrás en 2013. No fue la única polémica en la gestión del Bien de Interés Cultural. Las quejas por los incumplimientos en el régimen de visitas fueron una constante y se saldaron con una multa de 4.500 euros que no llegó a cobrarse por la muerte de la sancionada, Carmen Franco. La provocación definitiva llegó en 2017, cuando los herederos del golpista encomendaron a la Fundación Nacional Francisco Franco la gestión de las visitas para “exaltar la grandeza” del dictador.
El anuncio desató una oleada de protestas y llevó a la entonces vicepresidenta de la Diputación, Goretti Sanmartín, a constituir la Xunta Pro Devolución do Pazo de Meirás, formada por Sada y otros concellos, colectivos de recuperación de la memoria histórica, entidades culturales como la Real Academia Galega, universidades e historiadores como Emilio Grandío, Manuel Pérez Lorenzo y Carlos Babío o el jurista Xavier Ferreira. De ahí surgió el primer informe histórico- jurídico que planteó la posibilidad de reclamar la titularidad del pazo al entender que había indicios de fraude en la escritura de compraventa de 1941. Su constitución coincidió con la ocupación simbólica del pazo por los denominados 19 de Meirás, que tienen una causa abierta por este motivo ante el Supemo. La foto de los activistas en lo alto de una de las torres saltó a la prensa internacional. Todos estos movimientos, la presentación poco después de Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio y las reiteradas demandas del Concello de Sada prepararon el terreno para la acción reivindicatoria. Por aquellas fechas, el PP rechazaba en el Parlamento las proposiciones de En Marea y BNG para exigir la devolución del inmueble porque, aducía, vulneraban el derecho a la propiedad. En septiembre de 2017 se avino a crear una comisión de expertos para analizar las vías para recuperar As Torres. Tras el cambio de Gobierno central, el Parlamento instó por unanimidad al Estado a presentar una demanda. La petición se hizo realidad un año después. La unión, que se hizo de rogar, resultó crucial para el éxito de esta reivindicación histórica.
Los Franco se quejan a la jueza por la difusión del inventario
Los nietos del dictador Francisco Franco han presentado un escrito en el Juzgado de Primera Instancia número 1 en el que expresan su malestar por la difusión del inventario de bienes y del informe de Patrimonio Nacional sobre la titularidad de algunos de los muebles y piezas depositados en el pazo de Meirás, Afirma su abogado que la difusión en los medios de comunicación de estos documentos ha provocado un daño “de todo punto irreversible” en la “imagen” y el “derecho a la intimidad personal” de sus representados. Un daño por el que avanza que se reservan el “derecho a plantear las acciones legales oportunas”. El abogado Luis Felipe Utrera-Molina cuestiona en su escrito el proceder de la jueza Marta Canales por ignorar su petición de adoptar medidas para “garantizar la no revelación” de estos documentos hasta que hubiese una sentencia firme sobre las medidas cautelares decretada por el juzgado, relativas al depósito de bienes y la elaboración del inventario. “Habría bastado con que el juzgado hubiese mantenido el carácter reservado de esta medida para evitar que, puede que injustificadamente, mis representados se hayan visto y vayan a ver expuestos a un debate público/mediático que incide directamente en su derecho a la intimidad personal y familiar”, argumenta Utrera-Molina en un escrito de cuatro páginas. El abogado de los Franco se muestra especialmente molesto por la inclusión en autos de un informe de Patrimonio Nacional sobre la titularidad de algunos de los muebles y piezas depositados en el pazo. Como ya informó este diario, la Jefa de Conservación concluye que hay elementos que tienen su origen en las Colecciones Reales Españolas y cuya titularidad corresponde a Patrimonio Nacional”. El representante legal de los Franco no se pronuncia sobre las conclusiones, pero incide en que el informe fue adjuntado sin “ninguna suerte de decisión o acuerdo judicial al respecto”.
