La Justicia ha frenado la mudanza del pazo de Meirás. El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha admitido a trámite los recursos del Estado y las administraciones codemandantes, Xunta, Diputación y concellos de Sada y A Coruña, contra la diligencia que daba vía libre a los Franco a vaciar el inmueble. En su resolución, la letrada deja constancia de la presentación de sendos incidentes de ejecución por parte la Abogacía del Estado y el Concello de Sada para que la jueza se pronuncie expresamente sobre qué bienes muebles deben permanecer en Meirás.
La letrada ha dado ya traslado de los incidentes a la titular del juzgado, Milagritos Evangelina Belso Sempere, para que se pronuncie sobre esta petición y su admisión a trámite. Hasta ese pronunciamiento, los descendientes del militar golpista no podrán retirar ningún elemento de la que fue residencia de veraneo del dictador. Los Franco tienen cinco días de plazo para impugnar esta diligencia.
La vía del incidente para plantear las cuestiones relativas al alcance o la extensión de la obligación de la entrega del pazo de Meirás al Estado fue apuntada expresamente por la Audiencia Provincial en el auto por el que revocó el depósito cautelar de los bienes muebles. En su auto, los jueces no se pronunciaban sobre su titularidad, sino únicamente sobre la improcedencia de dictar una medida cautelar en el proceso de ejecución provisional de la sentencia que ordenaba a los Franco devolver el pazo al Estado (el continente, no el contenido).
El Concello de Sada fue el primero en presentar un incidente de ejecución de sentencia el que instaba a la Justicia a pronunciarse expresamente sobre qué bienes muebles deben tener la consideración de inmuebles por destino, es decir, aquellos colocados con la vocación de que permaneciesen permanentemente en el inmueble (en aplicación a lo dispuesto en el artículo 334 del Código Civil).
El Ayuntamiento solicitaba también un pronunciamiento judicial sobre los muebles, obras de arte y otras piezas vendidos con el pazo en 1938 y aquellos que, según la sentencia del juzgado de primera instancia que se ejecuta ahora provisionalmente, deben considerarse de titularidad pública por estas afectos al uso del pazo como residencia del Jefe del Estado hasta 1975.
La Abogacía del Estado, en una línea muy similar a la del Ayuntamiento sadense, presentó un incidente de ejecución en el que insta también a la Justicia a pronunciarse sobre que bienes merecen la consideración de bienes muebles por aplicación del artículo 334 del Código Civil, es decir, aquellos que deben considerarse “inseparables” del pazo de Meirás.
El Estado detalla en su incidente más de 130 bienes que deben considerarse inmuebles. El listado incluye desde construcciones de todo tipo adheridas al suelo, como hórreos o fuentes a otro tipo de bienes, como esculturas, librerías, pilas bautismales u objetos ornamentales que fueron colocados “con el propósito de unirlos de modo permanente” al inmueble. El listado incluye también muebles, tapices y conjuntos, como el retablo de la capilla que, por su colocación, obedecen al propio diseño del pazo de Meirás, alega el Estado. El incidente detalla 133 bienes, pero algunos conjuntos están formados por varias piezas. En total, serían cerca de doscientos elementos.
El Estado hace alusión a estos bienes al entender que por su consideración de bienes muebles no pueden desgajarse de As Torres, pero ya avanza que se reserva las acciones oportunas para recuperar otros que pueden tener la consideración de bienes de dominio público afectos al Patrimonio Nacional. El Gobierno ya presentó hace meses un informe de la Jefa del Servicio de Conservación de Patrimonio Nacional que detallaba la existencia de piezas y muebles que tenían “claramente su origen en las Colecciones Reales Españolas”. La funcionaria advertía que se trataba solamente de un informe preliminar y aconsejaba revisar la totalidad de los bienes histórico artísticos y los de la primera mitad del siglo XX, prestando especial atención al mobiliario, bronces y porcelanas. “Hay más piezas de las aquí reseñadas cuya calidad hace sospechar”, apuntaba.
La diligencia que suspende la mudanza del pazo de Meirás ha sido acogida con alivio por todas las administraciones. La resolución judicial llega solo unos días después de que los Franco enviasen al pazo de Meirás a la empresa de mudanzas con el objeto de inspeccionar el interior para calcular la logística de transporte. La negativa de la Administración General del Estado a permitir la entrada del responsable de la empresa llevó al abogado de los Franco, Luis Felipe Utrera-Molina, a presentar un escrito en el juzgado en el que denunciaba las trabas para impedir a sus representantes retirar los bienes.
El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, celebró ayer la resolución judicial, agradeció el “esfuerzo de la Abogacía del Estado” y de la vicepresidenta primera y responsable de Memoria Democrática, Carmen Calvo.
Obras en el pazo
El Juzgado de Primera Instancia número 1 ha estimado parcialmente un recurso de los Franco y ordena al Estado a entregar en el plazo de un mes la documentación relativa a la necesidad de acometer obras en el pazo de Meirás y el detalle pormenorizado de los trabajos realizados, así como los relativos a la jardinería o de mejora de las instalaciones eléctricas. La jueza ha denegado la petición de los Franco de permitir a unos técnicos propuestos por la familia inspeccionar las zonas afectadas por las obras.
Un informe de la Abogacía concluye que la competencia para ampliar el decreto BIC e incluir los bienes es de la Xunta
La Abogacía del Estado concluye en un informe que es competencia de la Xunta de Galicia modificar el decreto por el que se declaró Bien de Interés Cultural el pazo de Meirás e incluir un anexo con los bienes asociados a este sitio histórico. A consulta de este diario, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática explica que la Abogacía concluye que la iniciación, tramitación y resolución del procedimiento compete a la Xunta dado que, de un lado, se trata de modificar un decreto del Gobierno gallego y, además, así lo estipula la Ley de Patrimonio Histórico Español, que establece que es competencia de las comunidades autónomas la declaración de bienes de interés cultural salvo aquellos que estén adscritos a servicios públicos gestionados por la Administración del Estado o que formen parte del Patrimonio Nacional. La Abogacía del Estado advierte de que el pazo de Meirás no pertenece a ninguna de estas categorías, un extremo que alegaron también el Concello de Sada y los grupos de la oposición en el Parlamento (BNG y PSdeG), que discrepan de la Xunta y apuntan al hecho de que este inmueble no está adscrito a ningún servicio estatal ni forma parte del Patrimonio Nacional, entre otros extremos, porque su devolución al Estado es todavía provisional.
Según informan desde el Ministerio, en su informe, la Abogacía concluye que la Administración General del Estado “puede solicitar la iniciación del procedimiento para declarar o completar la declaración de BIC” dado que “ostenta la condición de interesada”. El Gobierno informa a este diario que el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, remitió el pasado 7 de mayo un escrito a la Xunta en el que le advierte de la existencia de diversos bienes en el pazo de Meirás que están “claramente asociados a los valores históricos que justificaron la declaración de BIC”, por lo que solicita a la Consellería de Cultura que incoe la modificación del decreto para incluir “la identificación y la descripción de las partes integrantes y los bienes muebles que, por su vinculación con el inmueble, se deben incorporar a la declaración. La Xunta insiste en que es una competencia estatal y reclama la firma de un convenio por “seguridad jurídica”. Cultura no se pronunció ayer sobre el asunto y se limitó a informar de que había pedido documentación adicional a los Franco relacionada con su petición de llevarse los dos BIC de Meirás : las estatuas del Mestre Mateo y la biblioteca de Pardo Bazán.
La necesidad de modificar con urgencia el decreto BIC del pazo de Meirás para incluir los bienes fue demandado reiteradamente por el Concello de Sada en los últimos meses. El auto de la Audiencia que revoca el depósito cautelar disparó la demanda de modificar la resolución para intentar blindar las piezas de valor histórico y artístico para intentar evitar su traslado. El trámite fue solicitado por unanimidad en el Parlamento, aunque el Gobierno gallego y la oposición discrepaban sobre a qué Administración le correspondía realizarlo.
