Sentencias con efectos por desvelar

En solo unos días, dos sentencias judiciales han supuesto reveses para los intereses de la Xunta en A Coruña. Por un lado, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santiago anuló el Plan Funcional y de Espacios del Hospital Universitario, que determinó la ampliación del complejo en su actual ubicación en lugar de apostar por su construcción en otro lugar. Por otro, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dio validez a la modificación urbanística que blinda el carácter público de las instalaciones de La Solana, que el Gobierno local del PP había recalificado en 2013 para excluirlas del sistema general de espacios públicos.

El Gobierno gallego ya anunció que recurrirá la primera de esas sentencias y añadió que el Proyecto de Interés Autonómico (PIA) aprobado para la ampliación del hospital incluye la justificación sobre esa decisión que el juzgado echó en falta y en la que fundamentó su fallo. Pero los propietarios de viviendas y negocios afectados por las expropiaciones para esta actuación están ya preparando un recurso contra el PIA que, sin embargo, no paralizará los trámites que la Xunta tiene en marcha, como la licitación de las obras de los nuevos accesos al hospital, de la demolición del Hospital de Pacientes y de la construcción de la Torre Polivalente, el primero de los nuevos edificios.

Dados los tiempos de los procedimientos judiciales, podría darse el caso de que la ampliación del hospital estuviese en marcha y que una sentencia anulase el documento básico para su desarrollo, aunque las consecuencias que podría tener para el proyecto son inciertas debido a las múltiples variables que habría que analizar.

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Aunque el fallo judicial sobre el cambio urbanístico de La Solana no afecta directamente a la Xunta, sino a la Autoridad Portuaria, indirectamente sí lo hace, puesto que el Gobierno gallego, que nombra al presidente del ente, defendió en su momento la necesidad poner a la venta este complejo deportivo y el hotel Finisterre para reducir la deuda del Puerto por la construcción de la dársena de punta Langosteira.

Pero en 2018, cuando el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, presentó un acuerdo con el Ministerio de Fomento para adquirir los muelles de la Batería y Calvo Sotelo, aseguró que se mantendría el carácter público de La Solana, que también es propiedad del Puerto. Por esta razón, cuando el Concello, bajo el Gobierno local de Marea Atlántica, aprobó inicialmente en 2019 el cambio del plan general para reintegrarla en el espacio público, el PP coruñés lo consideró “innecesario” y alertó de que expropiar el complejo sería muy oneroso para el Concello.

El cambio urbanístico concluyó ya con el PSOE en la Alcaldía y entonces se aplazó la posible expropiación hasta el final de la concesión que Metropolitan tiene de La Solana y que remata en 2027. El hasta entonces concejal del PP Martín Fernández Prado pasó en 2020 a ser nuevo presidente del Puerto y mantuvo el recurso contra la modificación del plan general con el argumento de la necesidad de defender los intereses de la institución.

Aunque esa iniciativa incluye la expropiación del recinto, esa medida no tiene por qué acabar llevándose a cabo si el Concello se hace con la propiedad mediante otra fórmula. Xunta y Puerto continúan defendiendo la necesidad de adquirir suelo portuario para reducir la deuda generada por Langosteira y el fallo sobre La Solana puede ser un nuevo factor en la ecuación. La Comisión Aberta en Defensa do Común, que reclama desde 2018 la recuperación de ese complejo, se felicitó ayer por la sentencia y exigió que pasen ya a manos municipales los terrenos usados ahora como aparcamiento público.

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