Lo que falta para ampliar Alfonso Molina
Inaugurada la pasarela peatonal entre Pedralonga y Palavea, la reforma de la AC-11 afronta una segunda fase con dos años de trabajos en el vial antes de su integración ambiental
Vehículos salen y entran en la ciudad por la avenida Alfonso Molina. / Iago López
La esperada ampliación de Alfonso Molina, anunciada hace más de una década, ya tiene completa su primera fase: la construcción de la pasarela peatonal que conecta Pedralonga con Palavea, abierta al uso ciudadano desde el viernes pasado, dos días antes de las elecciones gallegas, tras más de dos años de trabajos y con 1,4 millones de presupuesto. A partir de ahora aún quedan años de obras por delante para reformar en una segunda fase el principal vial de acceso a A Coruña en el tronco que une Ponte da Pedra con la entrada a la autopista y, a continuación, realizar la integración ambiental en los márgenes de la avenida.
El Ministerio de Transportes informaba el viernes en una nota de que la segunda fase, la remodelación de la carretera, “ya está en ejecución”, aunque con trabajos previos que no son visibles en el propio vial sino que consisten en la “identificación de servicios afectados y replanteos topográficos”. Esta segunda etapa contará con un presupuesto de 18,31 millones de euros. Transportes omite en esa nota los plazos de esta actuación, que se centrará fundamentalmente en la creación de dos carriles más, uno por cada sentido, para evitar los cruces actuales por parte del tráfico procedente de la autopista en dirección a la ciudad. Sin embargo, la licitación del contrato para el control y la vigilancia de los trabajos, abierta a mediados de 2023, señalaba que estas obras entre Ponte da Pedra y la AP-9 comenzarán en marzo de este año y se prolongarán durante 24 meses, hasta febrero de 2026, según informó este periódico.
Las obras comprenden también la apertura de un carril de servicio desde la zona de la antigua fábrica de armas —hoy Ciudad de las TIC— y una nueva conexión en dirección salida de la ciudad para dirigirse al puerto por el túnel de Eirís (AC-10). Los vehículos procedentes de la autopista no podrán desviarse hacia los carriles centrales, por lo que se pintará una línea continua en la calzada, aunque sí podrán dirigirse hacia el centro de la ciudad y al polígono de Pocomaco o a Matogrande por los ramales que ya existen.
El tercer capítulo de la reforma de Alfonso Molina empezará cuando finalice la ampliación de carriles, si no fallan los plazos a comienzos de 2026. La integración ambiental, con un coste estimado de 4,4 millones, incluye la creación de seis tramos de senda peatonal y/o ciclable en las dos márgenes de la carretera (AC-11) y la adecuación y mejora de zonas verdes, según recoge el proyecto, aprobado provisionalmente a finales del año pasado.
La superficie que abarcará la integración ambiental, negociada entre el Gobierno y el Concello durante el mandato de Marea Atlántica, tiene una longitud de 1.400 metros y va desde el cruce de Alfonso Molina con la avenida San Cristóbal (AC-10) en Ponte da Pedra a la conexión con la AP-9. En sentido salida de la ciudad, la margen derecha tendrá cuatro tramos de senda para peatones y ciclistas paralelos al tronco de la AC-11 que suman 1.245 metros, y la izquierda, en sentido entrada, tendrá dos de un total de 348 metros. En sentido salida, se construirá una pasarela peatonal dispuesta de forma paralela a Alfonso Molina sobre la avenida García Sabell, que enlaza Matogrande con el polígono empresarial de Pocomaco.
Una vez concluidas todas las fases de actuaciones en la AC-11, el Estado prevé además ampliar el puente de A Pasaxe, cuya primera fase de trabajos se aprobó el pasado verano pero cualquier intervención en el mismo estaba condicionada por la finalización de la reforma del cruce de Sol y Mar, en Oleiros, que ocurrió a comienzos de este año.
El retraso en el inicio de estas obras, un proyecto que empezó a tramitarse en 2015, ha obligado a Transportes a pedir al Ministerio de Transición Ecológica una prórroga del informe de evaluación ambiental para que no caduque, ya que se publicó en el Boletín Oficial del Estado en marzo de 2020 y tiene una vigencia de cuatro años.
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