El pacto PSOE-BNG sobre los muelles exige modificar los planes urbanísticos y portuarios

La aplicación del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez alcanzado entre PSOE y BNG en relación con el mantenimiento de la titularidad pública de los muelles de A Coruña que dejen de tener actividad portuaria obligaría a efectuar modificaciones en el Plan General de Ordenación Municipal y en los planes económicos y urbanísticos de la Autoridad Portuaria, ya que en todos esos documentos figura la venta de los terrenos para sufragar la deuda contraída por la construcción del puerto exterior.

El plan general coruñés contiene uno de los dos convenios firmados en 2004 para la financiación de las instalaciones de punta Langosteira mediante la enajenación de los muelles de la Batería, Calvo Sotelo y San Diego, en el último de los cuales se permite la construcción de numerosas viviendas, según la normativa vigente. La nueva situación haría necesaria una nueva ordenación urbanística de la superficie portuaria que quede liberada que debería ser acordada con el Puerto.

Ese organismo debería a su vez cambiar el Plan de Usos y el Plan Especial del Puerto para adaptarlo a las nuevas disposiciones, mientras que para la transformación urbanísticas de los terrenos habría que suscribir un nuevo convenio que fijase las obligaciones de cada administración, así como las aportaciones económicas de cada una de ellas a lo largo del tiempo.

El PSOE se compromete con el BNG a que los muelles de A Coruña sean públicos y a financiar su urbanización

Otra de las tareas que tendría que abordar la Autoridad Portuaria sería la modificación del Plan de Empresa y el Plan Estratégico del Puerto, ya que hacen referencia a esa operación para costear las obras de la dársena exterior. Así figura en el Convenio de Normalización Financiera que se vio obligado a firmar en 2011 al concederle Puertos del Estado un crédito de 200 millones aparece la venta de los terrenos como fórmula para reducir la deuda. También ese documento tendría que ser modificado para adaptarse a la nueva realidad si finalmente se decide no sacar al mercado los muelles.

El Puerto destacó ayer que el pacto PSOE-BNG “no aporta ninguna solución a la financiación de la deuda”, por lo que considera que “no supone ningún avance para el problema de la financiación” de punta Langosteira. También alerta la Autoridad Portuaria de que el acuerdo alcanzado “no cumple los acuerdos que se aprobaron por unanimidad en el pleno municipal de A Coruña”, ya que en el mismo “no se menciona la condonación de la deuda” que soporta este organismo “o la aplicación de alguna ayuda equivalente”, ni siquiera la mejora de las condiciones del crédito de Puertos del Estado.

¿Qué obtiene Galicia con el pacto BNG-PSOE para la investidura de Pedro Sánchez?

En línea con la opinión del Puerto —cuyo presidente es nombrado por el Gobierno central a propuesta de la Xunta— el portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, manifestó que “llama la atención” que el BNG, que defiende desde hace años la condonación de la deuda del Puerto, “ni siquiera la mencione” al suscribir este acuerdo de investidura. Los nacionalistas replicaron sobre este asunto que su postura es la condonación o una “aportación económica similar” del Gobierno para la urbanización de los muelles, aspecto que aparece recogido en el pacto, en el que el PSOE se compromete a el Ejecutivo central contribuya a esos gastos “de forma significativa”, aunque sin concretar plazos ni cantidades.

El Gobierno local evitó hacer declaraciones sobre este asunto, pero recordó que se ha posicionado a favor de la titularidad pública de los muelles y que tras la sentencia judicial que confirma el cambio urbanístico de La Solana para evitar su posible venta por el Puerto, el portavoz del Ejecutivo municipal, José Manuel Lage, calificó ese fallo como “un aviso que deja claro que el planeamiento es competencia municipal”. También dijo entonces que se trata de un mensaje muy claro” sobre que “el puerto no está en venta y tiene que seguir siendo un espacio público”.

Papel mojado (en aguas portuarias)

Defensa do Común, entidad que defiende la titularidad pública de los muelles, insistió ayer en la necesidad de la “condonación total de la deuda del Puerto”, aunque también acepta una “aportación económica de la cantidad equivalente”, como aprobaron tanto el Concello como el Parlamento gallego. Rechazó sin embargo que la solución sea aplicar “medidas de flexibilización” para el pago del crédito de Puertos del Estado o su “reestructuración” hasta el año 2035 y reclamó un consorcio entre administraciones para gestionar los terrenos portuarios.

Muelles públicos sin hipotecar la ciudad: Una firme reivindicación de LA OPINIÓN

“La venta de los muelles no puede hipotecar el interés general de A Coruña” defendía LA OPINIÓN en un editorial en mayo de 2017 tras la manifestación ciudadana que días antes había reclamado el rechazo a la enajenación de los terrenos portuarios. Desde entonces, y antes, han sido numerosos los posicionamientos de este periódico en ese mismo sentido a través de sus editoriales, en los que se ponía de manifiesto el agravio comparativo cometido con A Coruña en relación con la solución adoptada para el Puerto de Valencia, mediante la que se liberó de una deuda aún mayor al consorcio que gestiona los terrenos donde se celebró la Copa del América y el circuito urbano de Fórmula 1.

También se abogó en esos editoriales por la necesidad de un consenso entre todas las administraciones para definir el futuro de los muelles, así como a la oportunidad que supone para la ciudad la disposición de unos amplios terrenos situados en su borde marítimo.

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