“Esperanza” tras cuatro años sin Diego Bello, por una justicia todavía lejana
El tribunal filipino que juzga a tres policías por el asesinato del joven coruñés estará “un año” decidiendo cuestiones previas al proceso en sí mismo, según la familia
Diego Bello en Filipinas. / LOC
El 8 de enero de 2020, hace ahora cuatro años, el joven coruñés Diego Bello fue abatido a tiros por la policía filipina. Los agentes afirmaron que Bello era un traficante de droga que había intentado resistirse, arma en mano, a su detención, y pese a los informes que apuntaban a que el coruñés no llevaba encima armas ni drogas, y que fue ejecutado cuando estaba inerme, durante mucho tiempo pareció “misión imposible” juzgar a los responsables, según recuerda el tío del fallecido, Francisco Lafuente. Ahora el juicio está en marcha y la palabra que resume la actitud de la familia es “esperanzados”, explica Lafuente, aunque admite que queda mucho por recorrer.
No fue hasta el 25 de marzo de 2022, 26 meses después de la muerte, cuando un juez filipino ordenó la entrada en prisión de tres agentes, bajo los cargos de asesinato y manipulación de pruebas. Son crímenes hacia los que apuntan los informes de la Comisión de Derechos Humanos filipina y del órgano de investigación del país asiático NBI; este último determinó que los agentes dispararon contra Bello en varias ocasiones pese a que estaba desarmado, y lo remataron de un disparo en la cabeza cuando estaba en el suelo. Pero nadie detuvo a los agentes hasta que se entregaron el 6 de febrero del año pasado. Permanecieron en la sede de la Policía Nacional de Filipinas, según la plataforma Xustiza para Diego, hasta que la jueza decidió trasladarlos a una cárcel para presos comunes en octubre.
La familia de Bello temía presiones sobre los testigos, y, a petición suya, el juicio se está realizando en la capital, Manila, y no desde un juzgado de la región en la que ocurrió la muerte. La primera sesión se celebró el 11 de octubre del año pasado, pero, según explica Lafuente, el juicio “va muy lento”. Por ahora “no se los está enjuiciando” para determinar si son culpables de los cargos que pesan sobre ellos, sino que el juzgado “está estudiando una petición de la defensa de que se les dé libertad provisional”, y, según el bufete de abogados filipino que asiste a la familia, “esto puede alargarse tranquilamente un año, y luego se iniciaría el propio juicio”. “Lo único que nos queda es esperar, y que no haya nada raro” que impida el juicio o les permita fugarse, explica Lafuente.
El tío del fallecido recuerda lo que “costó” que empezase el juicio, pero señala que la familia ha estado peleando, con el apoyo “de instancias políticas, de medios” y de ciudadanos, porque si “dejas de moverte, todo se para” y es importante que en Filipinas se sepa que “hay interés” en conseguir justicia. Porque eso, explica Lafuente, es todo lo que quiera la familia: un juicio justo en el que “se diga si son inocentes o culpables”.
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