Cuotas de 500 euros, pensiones de 300 a 600: el desajuste con la Mutua que alarga la actividad de abogados en A Coruña

Abogados y procuradores de toda España que son o han sido mutualistas reivindican con especial intensidad desde el año pasado la creación de una pasarela que permita a los letrados que lo deseen pasarse al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Esta reclamación, que recibe la denominación de pasarela al RETA, responde a un importante cambio en la gestión de las mutualidades desde 2005 por el que el sistema de protección social alternativo al RETA está provocando que las pensiones de jubilación de un elevado número de profesionales sean inferiores a las no contributivas y tengan que seguir ejerciendo la abogacía o la procura más allá de la edad del retiro. Esta situación se produce también en A Coruña.

“Hoy, cuando un profesional mutualista que ha aportado sus cuotas durante años de ejercicio comunica que se jubila le pasan pensiones de 300, 400 o 500 euros. Es alucinante. ¿En qué momento hemos perdido este dinero por el camino? La mayoría de los abogados de alta en la mutualidad están alarmados con estas pensiones ridículas. Y se les ha mantenido en la ignorancia”, protesta la abogada mutualista María José Almodóvar. “Hasta hace dos o tres años la información que recibíamos de la mutualidad era totalmente opaca: no sabías lo que tenías de tus aportaciones ni lo que ibas a recibir. Nunca nos contó que fuéramos a tener una situación peor que los autónomos”, añade.

Otra letrada de A Coruña, Carmen Varela, tiene una pensión de 578,95 euros, “la de una privilegiada” pese a ser “insuficiente”, pero más alta que la de otros profesionales que han superado la edad de jubilación y continúan trabajando en los despachos y juzgados con una pensión “de 300, 400 euros”. Su caso es el de una abogada de 70 años con un despacho “pequeño” en A Coruña y otro en Carballo, con cuatro décadas de profesión, que desde 1990 pagó sus cuotas a la mutualidad, casi 500 euros en los últimos años hasta 2019, cuando se dio de baja.

“A esa edad ya no pasé al RETA, porque abandonar las mutualidades supone empezar desde cero en el RETA y muchos abogados y procuradores no tenemos suficiente vida laboral por delante como para generar derecho a prestación por jubilación”, explica Varela, que destaca que los mutualistas han tenido “una cotización más alta que la que se paga siendo autónomo y ahora reciben menos dinero que un autónomo”. Esto es lo que ha provocado la prolongación de la actividad profesional y que “muchos mayores aún sigan por los juzgados”. “Quiero pensar que esto se va a arreglar de alguna manera, pero la mutualidad es... muy fuerte, y rácana”, advierte.

Otro caso de protección mermada por parte de la Mutua, aunque no respecto al retiro, lo expone el abogado José Luis Prieto, y afectó a la familia del compañero con el que compartía despacho hasta que falleció recientemente. “Cotizó como mutualista obligatorio unos 15 años y siguió como autónomo. Al morir, su familia no ha podido recuperar el capital que abonó como mutualista, solo los seguros que pagó a mayores”, cuenta indignado por lo que le parece “un engaño”.

Las reclamaciones de abogados y procuradores han tenido eco en distintas comunidades autónomas y en grupos de distinta corriente política, que han denunciado que la mutualidad ofrece una escasa cobertura social, sin que los mutualistas generen derecho a prestación por viudedad, orfandad o incapacidad permanente total. Se han registrado proposiciones no de ley, como una promovida por Sumar, que insta al Gobierno a que realice las acciones necesarias para que se establezca una pasarela al RETA para aquellos abogados y procuradores mutualistas que lo soliciten. El texto de la proposición, de finales de 2023, también reclama que se complementen las pensiones mínimas, que se evite la equiparación fiscal de las aportaciones realizadas a las mutualidades en el sistema alternativo con un plan de ahorro y que se mejoren las condiciones de jubilación parcial de los profesionales.

Hasta 1995 la protección social de la abogacía y la procura se prestó a través de su mutualidad, de adscripción obligatoria para el ejercicio profesional, sin posibilidad de acogerse a otro sistema de protección, y que, fundamentalmente, cubría la prestación por jubilación. Desde 2005 las mutualidades comenzaron a tener una doble oferta: como sistema de protección social alternativo al RETA y como complementario a este. En el primero se pasa de un sistema de capitalización colectiva a capitalización individual, es decir, que “la pensión de jubilación de cada mutualista pasa a depender única y exclusivamente de sus aportaciones”, explica Almodóvar. La reforma provocó variaciones en las cuantías de las prestaciones esperables “sin que en muchos casos existiese opción real de cambio ni se permitiese el rescate de las aportaciones realizadas con anterioridad en las mutualidades”, añade.

Sumar resalta en su planteamiento de pasarela al RETA que en la actualidad existen “unas cotizaciones cautivas, ya que no pueden ser recuperadas hasta la fecha de jubilación del trabajador/mutualista”. Indica que “en el caso de rescate total tributa como un mero plan de pensiones cuando en realidad se trata de un sistema de previsión básico”. Y censura que “abandonar las mutualidades supone empezar desde cero en el RETA”.

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