El informe sobre el futuro del bus de A Coruña: externalizar es más barato, pero la gestión pública permite mejores tarifas

La concesión del bus urbano de A Coruña caduca el 31 de diciembre. El Gobierno local, que elegirá ahora a la empresa que redactará los pliegos del concurso, ha descartado que haya una gestión directa del servicio, hoy en manos de la Compañía de Tranvías. Previamente, encargó un informe a una consultora para que realizase una comparativa entre las ventajas y desventajas de seguir con el servicio externalizado, como hasta ahora, o que fuese el propio Concello, en su estructura o a través de un ente público, el que se hiciese cargo del transporte de viajeros dentro de la ciudad. Las conclusiones del documento, fechado en diciembre de 2023, son muy contundentes desde el punto de vista económico: la gestión directa supone un coste de entre un 3,8% y un 9% superior al de la gestión indirecta, hasta dos millones de euros. Pero también añade que el Concello debe analizar cuál es su “objetivo principal” con la decisión, “no solo en base a aspectos económicos”, sino teniendo en cuenta otros como la sostenibilidad o el “el menor coste para el ciudadano”.

El estudio se centra en un “análisis económico comparativo” entre la gestión directa e indirecta. Tras analizar gasto por gasto, ingresos y amortizaciones, la consultora, una sociedad radicada en Sevilla, señala que la gestión indirecta para el sistema de transporte urbano de A Coruña “es más económica que la modalidad de gestión directa”, que supondría un coste de entre 870.000 y 1.955.000 euros más. La partida que sufre un mayor incremento sería la de personal. El coste por kilómetro en la gestión directa del bus urbano sería de 4,1-43,3 euros por kilómetro, frente a 4,01 euros en la gestión externalizada del servicio.

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En sus conclusiones, el informe analiza las ventajas y desventajas de uno y otro modelo. Respecto al modelo externalizado, el informe indica que existen beneficios como que se excluyen del presupuesto local “importantes partidas presupuestarias” vinculadas a las inversiones “para la renovación de la flota e infraestructuras propias del servicio, así como de la asignación de recursos de índole material y, sobre todo personal, los cuales no son siempre fáciles de obtener”. Entiende también que se flexibilizan los procedimientos, especialmente en cuanto a contratación, que permite “profesionalizar la gestión” con profesionales con “experiencia en el sector” y agilizar la toma de decisiones sin verse afectada por “cambios/criterios políticos” o los ciclos electorales.

“Permite compartir con la empresa los riesgos de ejecución del contrato”, añade a este listado, “pero manteniendo la Administración el control del transporte en la ciudad”. Para la consultora, la adjudicación a una empresa privada fomenta la “competitividad, la innovación y la mejora de servicios públicos”, que se ven plasmadas ya en las ofertas que hagan los aspirantes. Ve ventajas en que dicha adjudicataria ya opere en otras ciudades, lo que puede importar experiencias de gestión y generar “economías a escala”. Añade que evita que “el personal se acomode en su puesto al formar parte de un grupo empresarial”, incentivado por la “promoción dentro de la organización”.

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En cuanto a la gestión directa, que apunta que “se da como norma general en ayuntamientos con un tamaño grande o muy grande”, indica beneficios cualitativos y alguno cuantitativo, como “el ahorro del beneficio industrial” que se abona a la concesionaria a cambio de la prestación. El informe percibe que una modalidad en la que el bus esté en manos del Concello de A Coruña o de un ente municipal permite buscar una “mejora en la calidad y cantidad de los servicios ofrecidos el ciudadano, no buscando solo la rentabilidad económica”. Aprecia además que la generación de ingresos podría destinarse, “o bien para reinvertir en el servicio, o bien para otros servicios municipales”.

Para los consultores, hay una ventaja evidente cuando surge un problema o algo no previsto en el contrato: “La gestión directa elimina el riesgo, dado que el servicio se prestará con toda seguridad y, además, económicamente la situación será menos gravosa, ya que la administración únicamente deberá atender el coste del servicio prestado”. Ve posible un “mayor control del servicio al usar recursos propios”, que se dote al Concello con personal cualificado para la gestión del mismo, y la posibilidad de establecer “tarifas más asequibles y accesibles para toda la población”.

También destaca la posibilidad de ajustar el servicio “a las necesidades reales de la ciudad de una manera más ágil” y resalta la posibilidad de “crear una estructura administrativa y técnica que sea suficiente para la gestión del servicio”.

Por el contrario, el análisis de las desventajas de la administración directa apunta a que el modelo de negocio definido por el Concello puede “estar sujeto a influencias políticas” que dificultarían “la consolidación de estrategias empresariales persistentes en el tiempo”;y a la “lentitud” respecto al cauce privado que supone la contratación de obras y servicios.