Juntas de propietarios pasan de limitar a vetar pisos turísticos en A Coruña

Los dueños de estas viviendas podrían impugnar acuerdos de la comunidad

La “desconfianza” hacia los inquilinos motiva el cambio de tendencia desde el verano, señalan los administradores, partidarios de mayor control municipal

Viviendas de Pescadería y Monte Alto, zonas de la ciudad con más pisos de uso turístico. |   // VÍCTOR ECHAVE

Viviendas de Pescadería y Monte Alto, zonas de la ciudad con más pisos de uso turístico. | // VÍCTOR ECHAVE / R. D. Rodríguez

Los administradores de fincas registraron en la primera mitad de este año acuerdos de comunidades de propietarios para limitar en sus edificios la implantación de viviendas de uso turístico (VUT). Desde el verano, poco antes de que estos pisos superasen el millar, la tendencia está cambiando, ya que se han celebrado juntas en las que los acuerdos adoptados establecen prohibiciones, no limitaciones o condiciones, a pesar de que la normativa estatal no prohíbe habilitar un piso turístico en un inmueble. Estos nuevos acuerdos se están incorporando a los estatutos de las comunidades tras haber pasado por notario y posteriormente quedan inscritos en el Registro de la Propiedad, según señalan administradores de fincas de la ciudad.

Consultados por este periódico, estos profesionales advierten de que la “desconfianza” creciente de los vecinos hacia las VUT y los “efectos negativos” que “creen” que generan sus usuarios en los propietarios han provocado un cambio de actitud hacia estas viviendas. De la limitación que sí permite la normativa —el Real Decreto-ley 7/2019 de 1 de marzo de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler— se pasa a la prohibición que no recoge. Por ello, los administradores también apuntan que el veto a los pisos turísticos acordado por los propietarios conlleva el “riesgo” de que el dueño que esté interesado en habilitar una VUT en un edificio y no pueda impugne judicialmente el acuerdo sellado por la comunidad. Sin embargo, la prohibición de la existencia de viviendas turísticas está respaldada por la legislación autonómica y estatal.

El Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (Coafga) señala, no obstante, que no es “conocedor” de que, en general, las juntas de propietarios estén ahora acordando prohibiciones a las viviendas de uso turístico. “El asunto es complejo porque hay doctrina a favor de la prohibición y a favor de la limitación. Puede darse el caso de un acuerdo de prohibición ya reflejado en los estatutos comunitarios que pueda ser recurrido por un tercero al que le interesa que su piso sea de uso turístico, para lo que tiene el plazo de un año”, explica la gerente y asesora jurídica de Coafga, Ana Carrión.

El administrador Miguel Vilar, responsable de Fincas Casablanca, coincide con Carrión en la “complejidad” judicial que entraña la posibilidad de impugnar un acuerdo de prohibición hacia las VUT cuando la norma no las veta. Admite que en la actualidad “se está yendo más allá del espíritu de la ley”. “Por nuestras manos están pasando acuerdos de prohibición porque advertimos una desconfianza total de los propietarios hacia los inquilinos de viviendas turísticas a cuyos dueños se perjudica por querer sacar rendimiento de su propiedad”, comenta Vilar, que hace un llamamiento “a los concellos” para que “no tarden” en regular las VUT para controlar su proliferación, como prevé hacer A Coruña en diálogo con los sectores afectados.

En Fincas Casablanca se advierte el aumento de prohibiciones acordadas por propietarios en zonas de la ciudad donde hay más viviendas turísticas, en distritos como Os Mallos-Sagrada Familia, Pescadería, Monte Alto y Ciudad Vieja, mientras que en Administraciones Real notan “más recelos hacia usuarios temporales que hechos concretos” como argumento vecinal para convocar juntas de propietarios en las que se vota contra la implantación de más pisos turísticos. “Estas convocatorias son ahora recurrentes. La gente desconfía de que otros vecinos utilicen espacios comunes y zonas de tránsito y no quieren asumir más gastos de luz y de comunidad”, señalan desde Administraciones Real.

Antes de esta nueva tendencia que confirman otros administradores consultados, algunas comunidades de propietarios en la ciudad ya estaban votando a favor de la limitación de las VUT en sus inmuebles. ¿Cómo? A través de medidas como normas de régimen interno en el edificio o aumentos en un 20% de las cuotas de participación para los propietarios de los pisos de uso turístico, vías a las que se puede sumar la obligación de suscribir pólizas de seguro de daños para los causados por los inquilinos en elementos comunes o la advertencia directa a los ocupantes de que deben cumplir unas normas internas.

Estos procedimientos se originan a petición de un comunero o por iniciativa del administrador, que convocan una junta ordinaria para abordar el asunto. En la votación se fija un quorum de “voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación”, según señala la Ley de Propiedad Horizontal. El acuerdo provisional ha de quedar recogido en un acta que se notifica a los ausentes en la junta con un plazo de 30 días para que se opongan si lo consideran oportuno. Superado este tiempo y recogidos los posicionamientos a favor o en contra se emite una nueva acta para comprobar si con los no opuestos se llega a los 3/5 de quorum y luego se envía otra notificación. El acuerdo adoptado respecto a medidas de limitación o condiciones del destino a alquiler vacacional, o desde este verano sobre su prohibición, debe inscribirse en el Registro de la Propiedad.

Regulación

El deseo expresado por el responsable de Fincas Casablanca de que los ayuntamientos, además del Estado y la Xunta como administraciones competentes, puedan intervenir en la regulación de las VUT concuerda con la intención manifestada por el Concello de A Coruña de controlar el sector. En el verano de 2022 admitió primero que no lo regularía por no advertir “riesgos para el sector turístico”, aunque enseguida corrigió la decisión y anunció encuentros sectoriales para tratar el asunto. Hasta el momento solo se ha celebrado una reunión, dos meses antes de las elecciones municipales.

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