El Superior rechaza un recurso de la promotora de dos edificios ilegales de Sada contra el Concello
Los jueces avalan las resoluciones del Ayuntamiento para reclamar un plan de demolición y acordar la ejecución subsidiaria | La responsabilidad patrimonial se dirimirá en otro pleito
Edificios con orden de derribo en la Avenida Sada y Contornos (arriba) y O Fiunchedo. | // LA OPINIÓN / Antares Pérez
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha rechazado el recurso de la promotora O Meu Lar contra las resoluciones dictadas por el Concello de Sada en las que le ordena presentar un proyecto de derribo de los dos edificios ilegales de Sada y Contornos y Camiño do Fiunchedo y acuerda la ejecución subsidiaria de la demolición y la liquidación provisional del coste de las obras.
El Alto Tribunal avala el procedimiento seguido por el Concello de Sada para cumplir la orden de derribo dictada en 2014 por el TSXG, que ratificó el fallo que anuló la licencia concedida en 2005 para la construcción de los dos bloques y ordenó la demolición de las construcciones realizadas al amparo.
La promotora apeló sin éxito a una sentencia anterior que había dictaminado que procedía la concesión de la licencia de primera ocupación para los dos edificios, que suman 58 viviendas, y que exoneraba a los técnicos que firmaron los proyectos. Alegó además que había vendido en 2008 la parcela y la licencia para uno de los edificios a Inversiones Cabriales, por lo que no le correspondía hacerse cargo de la demolición de ese inmueble.
Los jueces rechazan ambos alegatos. Entienden los magistrados que lo previamente resuelto por el juzgado sobre la procedencia de las licencias de primera ocupación carece de relevancia dado que había quedado “desvirtuado” por un fallo posterior que sentaba “en términos categóricos” la ilegalidad de la licencia y su nulidad y de la que se derivaba la obligación de demoler todo lo construido a su amparo.
El Alto Tribunal tampoco acoge el argumento relativo a la transmisión de una de las parcelas a otra promotora y recuerda que los dos edificios se construyeron al amparo de una única licencia que fue anulada en su totalidad. Llama además la atención sobre el hecho de que el Ayuntamiento sadense había denegado esta transmisión en una resolución que no fue recurrida por la promotora apelante.
Los jueces subrayan que este procedimiento se limita a dilucidar si debe o no ser la promotora y titular del permiso la que proceda al derribo de lo construido tras la anulación de la licencia. Advierten de que algunos de los argumentos esgrimidos por la promotora se escapan del objeto del debate, como los que inciden en el hecho de que el Ayuntamiento mantuvo la legalidad de la licencia y rechazó hasta en tres ocasiones su revisión.
Edificio de O Fiunchedo, en Sada, con orden de derribo. / L.O.
Los jueces advierten de que el recurso se ciñe a las resoluciones del Concello por las que se requirió a la promotora el proyecto de demolición y se acordó su ejecución subsidiaria, por lo que no procede debatir sobre su posible responsabilidad patrimonial. Este extremo es, además, objeto de otro procedimiento.
Situación actual
Las resoluciones municipales que han dado pie a este pleito se remontan a 2018. El Concello todavía no ha procedido a la ejecución subsidiaria de la demolición ordenada por sentencia firme en 2014 a pesar de los requerimientos judiciales. El Gobierno local maniobra desde hace unos años para intentar salvar de la piqueta a los dos inmuebles y evitar los perjuicios a los compradores y a las propias arcas municipales. Recientemente sacó a concurso la concertación de un aval de 4,6 millones para responder de las posibles indemnizaciones. Quedó desierto.
El pasado mandato, Sadamaioría intentó tramitar vía corrección de errores el plan general para regularizar el edificio de Sada y Contornos, pero PP, PSOE y Alternativa dos Veciños votaron en contra en base a un informe de Secretaría que concluía que debía realizarse a través de una modificación puntual del plan general. El Gobierno local adujo sin éxito que esta opción alargaría los trámites. Ahora ultima el contrato para la redacción de este cambio del PXOM tras abrir expediente a finales del pasado mandato a a la redactora por incumplimiento del contrato, lo que ha derivado en un pleito.
El derribo del otro edificio, el de O Fiunchedo, salió a concurso en 2020 y consta una propuesta de adjudicación de 2022, pero no llegó a formalizarse. Los propietarios tramitan un plan especial para intentar legalizar el inmueble.
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